Este viernes, el complejo judicial de Paloquemao se convirtió en el epicentro del proceso contra Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La audiencia, que sufrió un retraso cercano a una hora, giró en torno a la presunta entrega de 48 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez, dinero que, según la Fiscalía, habría sido entregado por Juan José Salazar a familiares de exparamilitares para influir en sus declaraciones.
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Durante la jornada, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno, revisó pruebas como grabaciones obtenidas con un reloj espía, transferencias bancarias y testimonios de víctimas, que según la Fiscalía evidencian una red de manipulación de testigos.
Moreno deberá determinar si Cadena es culpable o inocente, en un caso que podría replicar la condena impuesta al propio Uribe, quien en primera instancia fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal, aunque fue absuelto del soborno simple.
La condena del expresidente se encuentra actualmente en apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
El origen del proceso se remonta a la investigación iniciada por la Corte Suprema de Justicia en 2018, que buscaba esclarecer la presunta relación de Uribe con grupos paramilitares en Antioquia durante los años 2000.
Según la jueza Sandra Liliana Heredia, Uribe no solo conocía el plan de obtener retractaciones de testigos que lo señalaban, sino que actuó como instigador.
“Álvaro Uribe sí conocía el plan que se maquinaba. Que no fue accidental su intervención”, afirmó Heredia. Entre las pruebas que soportan esta versión se encuentran los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés.
La Fiscalía sostiene que Cadena, siguiendo instrucciones de Uribe, ofreció dinero y beneficios jurídicos a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones y señalaran al senador Iván Cepeda en lugar del expresidente.
En paralelo, su socio Juan José Salazar enfrenta los mismos cargos. La defensa, por su parte, asegura que las transferencias fueron ayudas humanitarias y que nunca se pidió a los reclusos mentir.
El juez Moreno destacó declaraciones como la de María Elena Vélez, hermana de un exparamilitar, quien aseguró que “nunca utilizó expresiones como ayuda humanitaria ni soborno”.
Según el juez, estas consignaciones sumaron al menos 58 millones de pesos y habrían sido parte de un acuerdo para obtener declaraciones favorables a Uribe y convencer a otros exparamilitares de hacer lo mismo.
Entre los hechos clave que determinarán la responsabilidad de Cadena y Salazar están la entrega de dinero a exparamilitares y las visitas a cárceles como la de Cómbita, en Boyacá, donde se buscó que los testigos firmaran cartas con información presuntamente falsa.
Las visitas de Cadena a Juan Guillermo Monsalve
Monsalve, considerado testigo estrella, relató que desde 2017 fue presionado por Enrique Pardo Hasche para retractarse y recibir a “una persona importante”, en referencia a Cadena.
Tras varias visitas, Cadena logró reunirse con Monsalve y otros abogados en 2018, ofreciéndole beneficios a cambio de una carta de retractación que implicaba a los hermanos Uribe Vélez con el paramilitarismo.
Otros casos mencionados en el expediente incluyen a Eurídice Cortés, alias Diana, y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Cortés habría recibido 700.000 pesos para trasladarse a Bogotá, mientras que Vélez denunció un pacto de 200 millones de pesos a cambio de convencer a otros exparamilitares de emitir declaraciones favorables a Uribe.
Los ‘detallitos’ de Cadena
Los pagos fueron canalizados a través de María Elena Vélez y el mensajero de la oficina de Cadena, Rodolfo Echeverri García.
La presión sobre los testigos incluyó reuniones en cafeterías, visitas a cárceles y la entrega de dinero disfrazado de ayudas humanitarias.
El juez reseñó que, según el relato de la María Elena Vélez, el abogado Cadena la llamó para decirle que le giraría unos “detallitos”.
El juez Moreno analizará todos estos elementos para determinar la responsabilidad de Cadena y Salazar, cuyos desenlaces podrían establecer un precedente sobre la manipulación de testigos en procesos judiciales de alto perfil en Colombia.
Mientras tanto, la defensa de Uribe Vélez presentó la apelación al fallo que lo condenó a 12 años, alegando presiones sobre la redacción de cartas clave, como la enviada por Deyanira Gómez en 2018, pieza clave en el expediente.
El juicio contra Diego Cadena continúa en desarrollo, y la expectativa gira en torno a si será la segunda persona condenada por manipulación de testigos en la red judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
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