La empresa Air-e, la principal prestadora del servicio público de energía eléctrica en los departamento Atlántico, Magdalena y La Guajira, modificó el esquema tarifario que, hasta ahora, penalizaba a los habitantes de estos departamentos con un recargo exclusivo por pérdidas en la red.
Fueron dos meses de espera para que la compañía actualizara el esquema tarifario con la reducción de los costos, cumpliendo así con la orden emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico tras el fallo de la acción popular presentada por los personeros de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.
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El impacto de la reducción tarifaria varía según el consumo de cada hogar. De acuerdo con estimaciones de organizaciones de usuarios, el ahorro mensual oscila entre 5 % y 12 %, una diferencia que adquiere especial relevancia en una temporada caracterizada por altos consumos eléctricos, motivados por la sensación térmica que puede alcanzar 38 grados Celsius (℃).
El alivio económico llega en un contexto donde el régimen tarifario especial, ahora anulado, había generado un trato desigual para el norte del país, al imponer un sobrecosto que no se aplicaba en otras regiones.
La tarifa plena de la energía para el cobro de julio de 2025 descendió $53 pesos, al pasar de $938 a $885 pesos respecto a junio, según recopiló Blu Radio. Este ajuste, aunque aún ha sido comunicado oficialmente por la compañía, se refleja ya en las facturas que reciben los usuarios, cumpliendo así la orden emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico tras el fallo de la acción popular presentada por los personeros de las tres ciudades.
La eliminación del cobro por pérdidas en la red, que solo afectaba a los departamentos mencionados, se materializó tras dos meses de espera desde la decisión judicial. El proceso, liderado por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, culminó con la instrucción a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que ajustara la normativa y garantizara condiciones equitativas para los usuarios del servicio eléctrico.
La actualización en el esquema tarifario por parte de Air-e confirma la implementación de la medida. La resolución judicial fue resultado de una acción popular que buscaba corregir una situación considerada injusta por los líderes locales y las organizaciones de usuarios.
La rebaja, ya tangible en las facturas, representa un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores frente a políticas tarifarias diferenciadas por región.
Edificios en el Caribe pagan hasta $10 millones por luz, según una denuncia
En junio de 2025, los residentes de conjuntos residenciales, edificios, centros comerciales y bodegas del Caribe colombiano han visto como, durante los últimos meses, el monto de sus recibos de luz se ha multiplicado. Lo que antes representaba un gasto mensual de $3 o $4 millones, ahora supera los $10 millones en numerosos casos, según la documentación reunida por líderes ciudadanos.
“Estamos hablando fácilmente de más de 100.000 familias afectadas. Y no solo hogares, también comercios y espacios logísticos están siendo golpeados por esta forma de facturación”, advirtió Carolina Ríos, vocera de la campaña ciudadana Acción popular por una facturación justa en diálogo con Blu Radio.
La raíz del conflicto, explicó Ríos al citado medio, reside en la configuración técnica de los medidores totalizadores. Estos dispositivos, diseñados para sumar el consumo de varias unidades en un solo registro, operan bajo una tensión nivel 2, cuando lo adecuado para viviendas y locales comerciales sería nivel 1.
“La raíz del problema está en el tipo de tensión con el que se están facturando estos servicios. Los medidores totalizadores funcionan con tensión nivel 2, cuando en una vivienda o local comercial lo apropiado sería nivel 1. Al sumar todo el consumo bajo esa configuración, las tarifas se disparan sin justificación”, detalló la vocera.
La implementación de este sistema afecta principalmente a la propiedad horizontal, un modelo extendido en la región que agrupa a múltiples familias y negocios bajo una misma infraestructura eléctrica, por lo que se ha impulsado acciones legales y sociales para exigir una revisión de las condiciones de facturación y la adecuación de los medidores a los estándares apropiados para cada tipo de usuario.
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