Abogada explicó la apelación que presentó la defensa de Álvaro Uribe tras el fallo de su condena: “Es una demolición jurídica de fondo”

A un día de que se radicara el escrito de apelación con el que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez busca tumbar el fallo de primera instancia por la condena a 12 años por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la abogada Carolina Restrepo Cañavera publicó en sus redes sociales un extenso texto en el que explicó, en detalle, los alcances que podría tener este recurso.

De acuerdo con la letrada, la apelación presentada por la defensa del expresidente ante el Tribunal Superior de Bogotá, compuesta por un total de 904 páginas, frente al fallo de 1.115 páginas de la jueza penal 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, busca desmontar en detalle la sentencia dictada por la togada y desmenuza la legalidad del proceso que se ha llevado en contra del líder natural del Centro Democrático.

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Para la abogada, la apelación presentada ante el alto tribunal sostuvo que la condena contra Uribe carece de bases sólidas, al estar fundada, según la defensa, en errores de hecho, pruebas obtenidas en vulneración de garantías fundamentales y un sesgo ideológico. Y remarcó que no se trata de un recurso protocolario, sino de una “demolición jurídica de fondo” que busca exponer las falencias estructurales del fallo.

Uno de los puntos principales de la apelación es la valoración que la jueza Heredia otorgó a las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado defensor, Diego Cadena. Según Restrepo Cañavera, tales pruebas violan el principio de secreto profesional y contravienen tanto la jurisprudencia nacional como internacional sobre la obtención y uso de material probatorio en procedimientos penales.

El recurso presentado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, en su condición de titular y suplente de la bancada defensiva, además, que la jueza Heredia hizo uso indebido de la figura del “descubrimiento inevitable” para justificar la validez de dichas pruebas, lo que consideran una excepción forzada y no ajustada a derecho; otro motivo por lo que consideraría que el fallo sería favorable.

Otro argumento relevante en la apelación es la alegada parcialidad en la valoración de la prueba. Según la narrativa de la defensa, el fallo descartó sistemáticamente toda evidencia que favorecía al exmandatario y aceptó sin reservas la que lo perjudicaba, lo que generó lo que se denomina una “asimetría procesal” y violando el principio de igualdad de armas durante el juicio contra el ex jefe de Estado.

Según la abogada, columnista invitada en diferentes medios de comunicación, la defensa también denunció que el estándar probatorio exigido fue variable y contradictorio, aplicándose criterios distintos según beneficiaran o perjudicaran al acusado. En efecto, para la experta, el fallo presenta además una construcción “expansiva y simbólica” de la figura del “determinador” penal; en este caso, el expresidente.

Sin que con ello existan pruebas directas que acrediten que Álvaro Uribe haya ordenado, inducido o instigado a la comisión de algún delito. La apelación sostuvo que la sentencia une hechos inconexos, actores diversos y contextos disímiles para construir una narrativa de culpabilidad sin sustento empírico claro; es decir, en palabras de la defensa, “se confunde la conjetura con la prueba, y la hipótesis con la acreditación”.

El escrito de apelación va más allá del debate probatorio y jurídico concreto: también cuestiona el tono y el contenido del fallo, al acusar a la jueza de emplear un lenguaje ideologizado y dirigido más a la opinión pública que a la labor técnica judicial. A manera de ejemplo, abogada citó referencias durante el acto de lectura a conceptos simbólicos como la diosa griega Temis o la “toga sin género pero con carácter”.

Con este parangón, Restrepo Cañavera precisó que la togada Heredía habría invitado a la ciudadanía a entender la sentencia como una suerte de cruzada moral; no como una decisión ajustada al derecho penal. Este enfoque, de acuerdo con la defensa, sería una señal clara de sesgo en el manejo del caso, en el que desde primer momento de la lectura del sentido del fallo se dio a conocer la decisión en contra de Uribe.

Una de las fallas procesales más graves identificadas en la apelación radica en que durante la audiencia de lectura del fallo no se leyó efectivamente la sentencia. Esto constituye una vulneración de la publicidad del proceso y representa un vicio procedimental que podría, por sí mismo, anular la condena, siendo esta una irregularidad más en una cadena de errores y violaciones que afectan la validez de la sentencia.

En este orden de ideas, la abogada advirtió que el caso sienta un precedente peligroso para Colombia, pues a su juicio se estaría permitiendo que el proceso penal se use como “herramienta política”, lo que abriría el riesgo de que los estándares técnicos cedan frente a la presión mediática o al interés público por condenar a personajes impopulares, como sucedería para una buena parte del país el exmandatario Uribe Vélez.

Según la abogada, lo que está en juego va más allá del destino de un expresidente. “Se trata de si vamos a permitir que en Colombia se imponga una nueva regla: que en ciertos casos, bastan los indicios si hay presión mediática; que los principios pueden ceder si el procesado es impopular; que la sentencia puede convertirse en bandera política sin consecuencias”, publicó en su columna en X Restrepo Cañavera.