Laura Sarabia aseguró que desconocía la solicitud de la Embajada en Nicaragua para otorgarle la residencia a Carlos Ramón González en ese país

Carlos Ramón González, que enfrenta una orden de captura por su presunta implicación en el caso de corrupción de la Ungrd, habría recibido una solicitud de residencia desde la representación diplomática colombiana en Nicaragua el 21 de mayo de 2025, misma fecha en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos formalmente.

La fecha exacta de la solicitud, que reveló Noticias RCN, coincide con el periodo en que Laura Sarabia ejercía como canciller, lo que ha motivado cuestionamientos sobre la cadena de mando y la transparencia en los procedimientos internos.

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Ante el hecho, la exministra de Relaciones Exteriores aseguró que no tenía conocimiento de esa actuación, subrayando la distancia entre su gestión y la decisión adoptada por la delegación diplomática.

“No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad.“, complementó Sarabia en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de X.

La situación adquiere relevancia por el contexto judicial de González, quien permanece prófugo y es buscado por las autoridades debido a su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD.

La solicitud de residencia, gestionada desde la representación diplomática, se produjo cuando la excanciller aún ejercía funciones, lo que ha generado cuestionamientos sobre los procedimientos internos y los controles en la Cancillería.

González, que a la fecha es prófugo de la justicia colombiana por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habría obtenido una residencia legal en Nicaragua con el respaldo del Gobierno colombiano, según la investigación publicada por el citado noticiero.

La gestión para regularizar su estatus migratorio se habría concretado el 21 de mayo de 2024, fecha que según Noticias RCN, coincide con la imputación formal de cargos al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El cruce de fechas entre la solicitud diplomática y la acción judicial ha despertado suspicacias sobre una posible coordinación entre las autoridades colombianas y el avance del proceso penal. Esta simultaneidad profundiza las sospechas de protección institucional hacia González, quien enfrenta una orden de detención por su presunta participación como uno de los principales responsables del escándalo de la Ungrd.

Según los documentos citados por Noticias RCN, la respuesta de las autoridades nicaragüenses fue directa: instruyeron a González para que se presentara en las oficinas de Migración en Managua y abonara los costos del trámite, que ascendieron a 56 dólares. Este procedimiento administrativo, aparentemente rutinario, permitió que el exfuncionario regularizara su situación migratoria en Nicaragua, a pesar de la orden de captura vigente en Colombia.

La efectividad de la medida de detención contra González fuera del territorio colombiano depende de un trámite pendiente ante Interpol. Desde el 4 de julio, la Fiscalía notificó formalmente a la organización internacional para que expidiera una circular roja, mecanismo que habilitaría la detención de González en cualquiera de los más de 190 países miembros. No obstante, más de un mes después, la oficina central de Interpol en Lyon, Francia, no ha emitido respuesta.

Esta demora ha generado inquietud entre los investigadores colombianos, quienes consideran que la expedición de la circular suele ser un procedimiento casi automático, salvo que existan dudas sobre la naturaleza judicial de la solicitud. La ausencia de la circular roja implica que, en este momento, si González es localizado fuera de Colombia, no existe un mecanismo internacional vigente que permita su detención inmediata.

La Fiscalía General de la Nación, imputó formalmente al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El ente acusador solicitará una medida de aseguramiento en su contra, lo que convierte a González en el funcionario de mayor rango del gobierno de Gustavo Petro en ser procesado por este caso de corrupción.

Según la información difundida por la Fiscalía, González habría tenido un rol determinante en la emisión de órdenes desde la Presidencia, orientadas a la entrega de sobornos a los entonces presidentes del Congreso: el senador Iván Name y el representante a la Cámara Andrés Calle. Ambos legisladores fueron capturados el 7 de mayo por orden de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la misma investigación.

El caso, que involucra directamente a la Ungrd, se centra en la presunta compra de apoyos legislativos para impulsar reformas estructurales, entre ellas la pensional y la del sistema de salud. De acuerdo con los hallazgos del ente investigador, los pagos habrían alcanzado 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle, con el objetivo de garantizar su respaldo a las iniciativas del Ejecutivo.