Juan José Lafaurie afirmó que, si no borran el graffiti donde atacan a Álvaro Uribe en la Universidad Javeriana, tomará acciones legales: “Exijo respeto hacia el presidente”

Juan José Lafaurie, abogado e hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, arremetió contra las personas que dibujaron un polémico graffiti a las afueras de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, en Bogotá, que dice: “Uribe culpable”.

“Como abogado egresado de la U. Javeriana, exijo respeto hacia el presidente @AlvaroUribeVel. Me informan que, frente a la Facultad de Derecho —contigua a la de Artes (….)—, permanece desde hace varios días este grafiti”, señaló.

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Lo anterior desató la furia de Lafaurie, que pidió que borraran de manera rápida el dibujo o, de lo contrario, tomaría acciones legales.

“Espero sea borrado a la mayor brevedad, de lo contrario, emprenderé las acciones judiciales correspondientes", puntualizó.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, hay muchos que salieron en contra de este graffiti afirmando que: “cuando se pierde la seguridad y la democracia suceden estas cosas”, “las directivas porque permiten eso”, “increíble que sea precisamente frente a la Facultad de Derecho”.

La defensa de Álvaro Uribe Vélez presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un recurso para intentar revertir la condena que lo obliga a cumplir 12 años de prisión en su residencia.

El recurso, entregado el 13 de agosto y firmado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, contiene 904 páginas con argumentos que buscan la revocatoria del fallo dictado por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá el 1 de agosto.

Los defensores de Uribe Vélez insisten en que la jueza cometió “una serie de errores de hecho y de derecho”.

En el documento sostienen que corresponde anular el proceso o, en su defecto, absolver al exmandatario.

El texto principal subraya que “esta defensa procederá a exponer de manera amplia, rigurosa y pormenorizada cómo a lo largo de las consideraciones contenidas en la sentencia proferida el 1 de agosto de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá incurrió en una serie de errores de hecho y de derecho”.

Uno de los puntos que más debate ha generado es la orden de prisión domiciliaria inminente.

Los abogados argumentan que Álvaro Uribe Vélez no debería estar detenido mientras el fallo no cobre firmeza y consideran la medida como infundada y cuestionable.

El planteamiento de la defensa apunta a anular todo el proceso desde la raíz, argumentando defectos tanto de forma como de fondo en el análisis judicial.

La condena dictada el 1 de agosto es histórica en Colombia, pues corresponde a la primera vez que un expresidente recibe sentencia de prisión por un delito común.

La jueza encontró probado que Uribe Vélez impartió instrucciones “precisas y constantes” a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez con el propósito de convencer a exparamilitares para que se retractaran de sus declaraciones.

Se detalló que estas acciones incluyeron ofrecimientos de beneficios económicos y asesoría jurídica.

El objetivo final de los supuestos sobornos y presiones habría sido vincular al senador Iván Cepeda como autor intelectual de un supuesto plan contra el expresidente.

Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación se sumó a la controversia, solicitando que se anule el fallo condenatorio.

Según esta entidad, no existen pruebas suficientes para calificar a Uribe Vélez como “determinador” de los actos investigados, postura que acerca al Ministerio Público a las bases argumentativas de la defensa.

Lo anterior resalta que esta coincidencia cobra relevancia ante la revisión de segunda instancia.

El trámite de apelación tiene implicancias jurídicas de gran alcance. No se limita a solicitar la libertad del exmandatario, sino que traslada a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá el debate sobre la valoración de las pruebas y la interpretación legal del delito de “soborno en actuación penal”.

La segunda instancia habilita una revisión exhaustiva de la sentencia tanto en la evaluación de los hechos como en sus fundamentos legales.

La defensa afirma que la jueza basó su decisión en una lectura parcial y en inferencias insuficientemente fundamentadas. El futuro de Álvaro Uribe Vélez depende directamente del resultado de este proceso de apelación.