El consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, calificó de “confusa y política” la carta enviada por los exjefes negociadores Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo, en la cual lamentaban el asesinato del senador Miguel Uribe y cuestionaban la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc.
En entrevista con W Radio, Patiño aseguró que no leyó la misiva completa.
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La definió como un ejercicio más político que constructivo.
“En mi criterio es una carta confusa, que no la leí. No tengo cómo opinar con detalle. Pero sí puedo decir que hay un trasfondo político evidente”, sostuvo.
La carta de De la Calle y Jaramillo
La carta, que fue divulgada recientemente, generó reacciones en distintos sectores políticos y en la sociedad civil.
De la Calle y Jaramillo expresaron su preocupación por los retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz y por los recientes asesinatos de líderes políticos, incluyendo el caso del senador Uribe, quien fue víctima de violencia que según ellos refleja la fragilidad de los compromisos alcanzados durante las negociaciones de paz.
Destacaron también la aprobación del Estatuto de Garantías para la Oposición Política en 2018 (Ley 1909), un avance legislativo histórico que otorga derechos como acceso equitativo a medios de comunicación y curules automáticas a los partidos perdedores en elecciones.
Sin embargo, los exnegociadores señalaron que la protección física sigue siendo un derecho fundamental que el Gobierno debe garantizar.
Criticaron al presidente Gustavo Petro por mostrar “desdén e indiferencia” hacia este sistema y acusaron al Ejecutivo de asignar la ejecución de estas políticas a un funcionario de bajo rango, lo que evidencia, según ellos, falta de voluntad política para proteger a la oposición.
Respecto a los posibles responsables del crimen, mencionaron la Segunda Marquetalia y enfatizaron que, de confirmarse su implicación, se debe aplicar “todo el peso de la ley”.
Además, cuestionaron la estrategia de diálogo con grupos armados sin marco legal ni objetivos claros, argumentando que ha fortalecido a bandas y disidencias en lugar de garantizar paz y seguridad.
Patiño es un escudero de la labor de seguridad del Gobierno
Patiño, sin embargo, defendió la labor del Gobierno en materia de paz y desmovilización.
Según el funcionario, la gestión de la administración actual ha mantenido los lineamientos del Acuerdo, aunque reconoció que persisten retos en la consolidación territorial y la protección de los líderes sociales.
“Hay que reconocer los avances, no solo los problemas. El acuerdo es un proceso complejo y no todo puede resolverse de un día para otro”, indicó.
El consejero también subrayó que las críticas de los exnegociadores podrían obedecer a intereses políticos y no a un análisis técnico del estado de implementación del Acuerdo.
“No se trata de ignorar opiniones, pero sí de ponerlas en contexto. Hay que distinguir entre la preocupación legítima y los comentarios con motivación política”, afirmó.
Por otra parte, Patiño hizo un llamado a la unidad en torno a los objetivos del Acuerdo de Paz.
Insistió en que la sociedad y los actores políticos deben centrarse en fortalecer los mecanismos de protección de líderes sociales y excombatientes, así como en garantizar la continuidad de los programas de reincorporación.
En relación con los asesinatos recientes de excombatientes y líderes sociales, el consejero reiteró que las investigaciones avanzan y que el Gobierno ha tomado medidas preventivas, aunque reconoció que la violencia en algunas regiones persiste.
“No podemos desconocer los riesgos, pero estamos comprometidos con la protección de quienes participan en este proceso de paz”, señaló.
La respuesta de Patiño se suma a la serie de debates sobre la implementación del Acuerdo de Paz que han resurgido en el contexto de las recientes declaraciones de exnegociadores y analistas políticos.
El consejero Comisionado de Paz enfatizó que, más allá de las críticas, el foco debe mantenerse en la construcción de paz y la protección de la población vulnerable.
Aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con diferentes sectores del Estado y con la comunidad internacional para fortalecer los programas de reincorporación y la implementación de los acuerdos.
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