Jaime Garzón: 26 años después, la telaraña de poder detrás de su asesinato sigue activa

El 13 de agosto de 1999, el periodista, mediador humanitario, abogado y humorista Jaime Garzón fue asesinado mientras se desplazaba hacia su lugar de trabajo en Bogotá. Un crimen que, con el paso de los años, reveló una estructura compleja de intereses militares, de inteligencia y paramilitares, protegida por decisiones judiciales y políticas que impidieron el esclarecimiento total de los hechos.

Dos décadas y media después, esa estructura sigue operando con mecanismos que evitan la identificación y sanción de todos sus responsables.

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Las primeras diligencias del caso se concentraron en la captura de supuestos autores materiales; sin embargo, con el tiempo se demostró que los testimonios que sustentaron esas acusaciones habían sido fabricados. Falsos testigos y presiones desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) direccionaron las declaraciones para desviar cualquier señalamiento contra agentes estatales.

Un fallo judicial confirmó la existencia de ese montaje, lo que llevó a la absolución de los procesados iniciales y a la apertura de investigaciones sobre las maniobras que distorsionaron el proceso. La estrategia, según expedientes divulgados por El Espectador, El País de España, entre otros, buscó eliminar toda línea de investigación que condujera a altos mandos militares o de inteligencia.

Entre los nombres que aparecieron con pruebas directas se encuentra el del exsubdirector del DAS José Miguel Narváez, él fue condenado a 26 años de prisión por haber incitado al entonces jefe paramilitar Carlos Castaño a ordenar el asesinato, bajo la premisa de que Garzón se beneficiaba económicamente de su labor como mediador en secuestros.

En declaraciones judiciales, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, señaló que un coronel vinculado a labores de inteligencia tuvo un papel determinante en la planeación. Otros mandos, como el general retirado Jorge Enrique Mora, el general Harold Bedoya y el coronel Jorge Plazas Acevedo, fueron mencionados en diferentes testimonios como parte de la estructura de encubrimiento que operó tras el crimen.

Pese a los señalamientos y las evidencias acumuladas, varios de ellos recibieron condenas firmes. Algunos, como el general Rito Alejo del Río, accedieron a beneficios judiciales a través de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que les permitió evitar procesos ordinarios completos.

En junio de 2025, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que el asesinato de Garzón ocurrió con la “aquiescencia de agentes del Estado” y que las dilaciones judiciales vulneraron los derechos de su familia.

Este reconocimiento, catalogado como un paso hacia la reparación simbólica, no agravó avances sustanciales en la identificación de todos los miembros de la red criminal que ejecutó y encubrió el homicidio.

El pronunciamiento de la Andje implicó un compromiso formal del Estado para impulsar acciones de reparación y garantías de no repetición. No obstante, organizaciones de derechos humanos advierten que, sin una depuración institucional, las mismas estructuras que participaron en el asesinato pueden seguir operando en otros escenarios de violencia.

A pesar de las sentencias contra algunos responsables, persisten líneas de investigación que no fueron agotadas. Entre ellas, la identificación de los canales de financiación del crimen, la participación de altos mandos en el encubrimiento y la relación entre las agencias de inteligencia y las estructuras paramilitares que ejecutaron el homicidio.

Defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de reabrir investigaciones contra militares que fueron mencionados en testimonios, pero cuyas causas fueron archivadas. La familia de Garzón, por su parte, reiteró que no habrá reparación verdadera mientras todos los responsables no sean judicializados.

La figura de Jaime Garzón continúa siendo un símbolo de crítica social y de búsqueda de diálogo en contextos de violencia. Su asesinato, más allá del impacto en la opinión pública, dejó al descubierto la articulación de fuerzas estatales y armadas ilegales para silenciar voces incómodas.

A 26 años de los hechos, el reconocimiento de la responsabilidad estatal no logró romper la telaraña que protegió a los autores intelectuales. Esa red sigue siendo un desafío para el sistema judicial y un recordatorio de que la impunidad puede adaptarse y resistir al paso del tiempo.

Para los amantes de las palabras, el análisis y la manera de apuntar directamente de dirigentes y grandes líderes que él llamaba “malos”, “mentirosos” y demás, mientras los hilos de esa estructura no sean cortados, la historia de Garzón seguirá representando un caso emblemático de cómo la justicia se enfrenta a barreras construidas para no dejar avanzar la verdad.