Cancilleres de Ecuador y Colombia revisaron protocolos para deportación de presos colombianos

Las cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Villavicencio, mantuvieron una reunión en Quito para tratar los lineamientos sobre la deportación de ciudadanos colombianos privados de libertad en cárceles ecuatorianas.

El encuentro abordó la necesidad de “avanzar en el traslado desde el Ecuador de ciudadanos colombianos privados de libertad”, según expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, informó la agencia de noticias EFE.

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Durante la reunión, la canciller Villavicencio insistió en la importancia de establecer un protocolo que asegure “el respeto de los derechos y la dignidad de los nacionales colombianos, privados de la libertad en Ecuador, y que se encuentran en proceso de deportación. Lo anterior, para que en adelante el proceso de retorno se realice de manera segura, ordenada y regular”.

La delegación colombiana cuestionó que las primeras repatriaciones, iniciadas por Ecuador a finales de julio, se hubieran realizado de forma “unilateral” y sin un protocolo acordado, lo que dificultó la identificación y la verificación jurídica de los deportados, e “incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”.

No obstante, la Cancillería ecuatoriana aclaró que no realizaba deportaciones colectivas, pues cada traslado se basó en audiencias individuales y que el consulado colombiano fue informado desde el inicio del proceso.

Las ministras también conversaron sobre la próxima transferencia de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) de Colombia a Ecuador, programada para el 30 de septiembre en Bogotá.

“Se destacó la relevancia de este organismo regional como plataforma para generar y ejecutar políticas comunes en beneficio de los pueblos andinos”, señaló la Cancillería ecuatoriana.

En materia de seguridad, ambas partes coincidieron en reforzar la cooperación contra “la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la minería ilegal, el narcotráfico y sus delitos conexos, con especial atención a la zona fronteriza”.

Por otra parte, Gabriela Sommerfeld destacó el papel de la interconexión eléctrica entre ambos países y el valor del “Convenio de Intercambio de Experiencias en áreas energéticas”, con miras a asegurar el suministro conjunto de energía y promover proyectos e inversiones en el sector. La agenda bilateral incluyó también temas de cooperación ambiental, comercio y transporte de carga.

La novedad de la reunión bilateral se dio dos semanas después de que se informara que más de 800 ciudadanos colombianos recluidos en cárceles de Ecuador fueron deportados hacia Colombia por el paso fronterizo de la provincia de Carchi, según confirmaron autoridades locales el sábado 26 de julio.

La medida generó una respuesta diplomática inmediata de Colombia, que señaló la falta de notificación oficial por parte de Quito y denunció una deportación “unilateral” y “en incumplimiento del derecho internacional”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano presentó una queja formal, señalando que Ecuador inició la deportación “desatendiendo las respetuosas y reiteradas” solicitudes para establecer un protocolo previo. La cancillería calificó el procedimiento como un “gesto inamistoso”.

Además, el secretario de Gobierno de Ipiales, Juan Morales, subrayó: “El problema que hemos tenido es que al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia” para recibir a los deportados.

Del lado ecuatoriano, la gobernadora de Carchi, Diana Pozo, afirmó, citada por el medio internacional DW: “Hemos realizado un trabajo interinstitucional con Migración de Colombia y Ecuador para que este proceso de deportación sea ágil y no haya un colapso en el puente”, al referirse al paso fronterizo de Rumichaca, en las afueras de Tulcán.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador alegó que las deportaciones “fueron anunciadas a Bogotá desde el 8 de julio y se realizan con respeto a los derechos humanos y tras revisión individual de cada caso”, rechazando la acusación de deportación colectiva.

La decisión ecuatoriana se enmarca en la política del presidente Daniel Noboa de descongestionar las cárceles del país, una promesa reiterada desde 2024 y que ya registró traslados de pequeños grupos de reos a la frontera en meses anteriores.