El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, contestó a las críticas del presidente Gustavo Petro por el trámite judicial de la reforma pensional, defendió la independencia del alto tribunal y emitió una nueva orden a la Cámara de Representantes
El origen del conflicto se remonta a las declaraciones del presidente Petro, que aseguró que Ibáñez “desconfía del presidente de la República” y que actúa motivado por “odio ideológico”, después de que el magistrado ordenara nuevas pruebas, entre ellas, información sobre el viaje del mandatario a España y Francia.
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Ante estos señalamientos, Ibáñez respondió con firmeza en un auto judicial: “No corresponden a la verdad y resultan por completo ajenos al deber de colaboración armónica que vincula a las ramas del poder público y ponen en riesgo la independencia judicial que reconoce el artículo 228 de la Constitución Política, en virtud de la presunción de buena fe que ampara las actuaciones de las autoridades públicas, se entenderá que la intención del señor presidente y de sus ministros no es otra diferente a expresar su deseo de que se imparta un trámite célere a la acción pública de constitucionalidad del asunto”.
La réplica se da en el marco de una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia contra la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común. Según la congresista, el trámite legislativo habría omitido el debate obligatorio en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que vulneraría el artículo 48 de la Constitución.
La nueva orden a la Cámara y la “reserva legal”
En su auto, el magistrado decidió ampliar el plazo para que se alleguen las pruebas solicitadas, fijando un segundo y último término de tres días hábiles. El objetivo, dijo, es “garantizar la oportunidad de que los ciudadanos y las autoridades interesadas en este proceso puedan manifestar lo que estimen pertinente, y aportar las pruebas necesarias para la adopción de una decisión de fondo se impone insistir en la práctica de la prueba”.
La Corte Constitucional confirmó que recibió información sobre si el presidente Petro estaba en Colombia al momento de las convocatorias de las sesiones. Sin embargo, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Secretaría Jurídica señalaron que esta tiene “reserva legal”, por lo que no podrá publicarse.
El alto tribunal también dispuso que, una vez vencido el plazo o recibidas las pruebas, se traslade la documentación a la demandante, a los intervinientes y al procurador general, sin necesidad de un nuevo auto que califique la prueba, con el fin de avanzar en el proceso.
Un pulso entre celeridad y control constitucional
El presidente Petro ha manifestado su inconformidad por lo que considera demoras injustificadas en el trámite de la reforma pensional, uno de los pilares de su agenda social. En un acto de entrega de tierras en Córdoba, el 8 de agosto, advirtió que hay sectores que buscan frenar sus reformas más importantes: “Indudablemente si no pasa nada anómalo y hay gente que quiere que pase, desfinanciarnos, quitarnos las posibilidades, tumbar decretos, tumbar leyes, congelar leyes como la pensional cuando se ha aprobado dos meses en el Congreso de la República. (…) Hablar de ‘fuera y fuera y fuera’, como si fuera delito el haber planteado una reforma agraria de nuevo en Colombia, como si fuera delito el que hubiera una pensión universal para las personas, como si fuera delito el que el trabajador y la trabajadora tuvieran un salario más digno, como si fuera delito defender el territorio”.
Este enfrentamiento no es solo político, sino también institucional. La Corte tiene el mandato de garantizar que el trámite legislativo respete la Constitución, mientras que el Ejecutivo busca la implementación rápida de las reformas aprobadas en el Congreso. La respuesta de Ibáñez y las nuevas órdenes a la Cámara muestran que el alto tribunal no cederá en la revisión constitucional de la iniciativa, incluso frente a las críticas del Ejecutivo.
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