La creciente expansión de grupos criminales colombianos en la frontera con Ecuador ha generado preocupación entre la población local.
Esto se da en medio del anuncio de la reducción de recursos destinados al sector militar y policial en Colombia, de acuerdo con lo informado por parte del presidente Gustavo Petro.
Así lo dio a conocer un informe de Semana, en el que se explicó que la gestión del mandatario enfrenta una serie de limitaciones presupuestarias que han favorecido el avance de grupos armados ilegales a lo largo de los 586 kilómetros de línea limítrofe con Ecuador.
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Esta zona es de vital importancia para las empresas criminales, porque es considerado como un corredor estratégico para el narcotráfico.
De acuerdo con el reporte del medio colombiano, existen 921.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 227 millones de dólares) congelados en el presupuesto del Gobierno de Petro debido a restricciones fiscales.
Esto se ha traducido en la suspensión de compras, freno de proyectos de infraestructura e interrupción de inversiones en desarrollo humano para las fuerzas públicas.
Un sinónimo de ventaja para los grupos que operan en el suroccidente del país.
Grupos armados ilegales colombianos que se mueven por la frontera con Ecuador
Dichas limitaciones ya afectan el desplazamiento de tropas, la labor de inteligencia y el acceso a equipamiento, mientras los grupos armados ilegales han avanzado en su capacidad ofensiva.
Frente a este escenario, distintos grupos delictivos han reforzado su presencia en la línea fronteriza y han generado un incremento de la violencia y la inseguridad en ambos países.
Las principales organizaciones activas en el área fronteriza incluyen el Estado Mayor Central de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, los Comandos de Frontera, Los Comuneros del Sur, el Frente Carolina Ramírez (disidencia de las Farc de alias Iván Mordisco) y el Tren de Aragua.
El Estado Mayor Central de las Farc, despliega sus actividades en los municipios de Tumaco y Barbacoas por medio del frente Oliver Sinisterra. Este grupo mantiene conexiones con cárteles narcotraficantes de México, Albania y Ecuador para la venta de cocaína.
Según la misma publicación, las transacciones se realizan en efectivo, con productos de contrabando y a través del intercambio de armas y drones utilizados en ataques contra comunidades y fuerzas de seguridad.
Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un ala disidente vinculada a la Segunda Marquetalia, se especializa en la producción de cocaína en cooperación con contactos europeos y mexicanos.
Un oficial colombiano citado por la revista explicó que este grupo “se encarga de producir la cocaína y tiene suficientes conexiones para enviarla a los puertos ecuatorianos, que luego zarpan en submarinos”.
Entre tanto, Los Comandos de Frontera operan desde Putumayo e Ipiales y han sido señalados como responsables de asesinatos y casos de producción de estupefacientes.
Un militar citó que estas estructuras “utilizan a las comunidades indígenas para sembrar la coca y para transportarla hasta la frontera, donde reciben el cargamento los carteles ecuatorianos”. De hecho, la masacre de 11 militares ecuatorianos en Orellana, ocurrida el 9 de mayo de 2025, fue atribuida a esta organización.
Las autoridades también reportan la existencia de Los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN que, mientras negocia la paz con el Gobierno de Petro y realiza entregas parciales de armas, opera bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Nariño desde 2023 en la clandestinidad.
Este grupo armado ilegal mantiene influencia en los límites de los departamentos de Nariño y las provincias ecuatorianas de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi.
El Frente Carolina Ramírez (otra célula de “Iván Mordisco”) concentra sus actividades en Sucumbíos (provincia fronteriza con Colombia), orientándose tanto a la producción como al tráfico de drogas y la explotación minera ilegal.
Por último, el Tren de Aragua, organización originaria de Venezuela, extendería sus acciones delictivas hasta el importante Puente de Rumichaca, facilitando distintas actividades criminales vinculadas a la frontera.
Por último, el informe señala que la continuidad del conflicto en la región dependerá de la capacidad de respuesta y adaptación de las fuerzas de seguridad colombianas, más aún, frente a los desafíos presupuestarios que enfrenta el Gobierno de Petro.
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