El caso de Daniela Villada Restrepo, una ciudadana colombiana con residencia permanente legal en Estados Unidos (tiene green card), ha dejado una vez más los dramas que viven los residentes de larga data que enfrentan procesos de detención y deportación en los Estados Unidos, tras las redadas que ordenó el presidente Donald Trump tras retomar el cargo como presidente de los EE. U.U..
Según informaron medios estadounidenses y plataformas de recaudación de fondos, Villada ha vivido en el país por casi 14 años, y esto no fue impedimento para que fuera detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) el 12 de abril de 2025.
Mientras tanto, la colombiana oriunda de Medellín (Antioquia) permanece en un centro de detención ubicado en Alvarado, Texas.
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De acuerdo con la información publicada en GoFundMe por Scott Sperber, pareja de Villada, la detención ocurrió después de que allí se emitiera una orden de arresto por no haberse presentado a un Tribunal de Salud Mental.
Sperber agregó que pese a su estatus como residente permanente y a tener tres hijos estadounidenses, la mujer fue puesta bajo custodia migratoria.
“Daniela es una madre maravillosa y una compañera maravillosa que ha pasado por dificultades en su vida debido a relaciones abusivas. Ha luchado por sanar y progresar”, afirmó Sperber, según mensajes recogidos en la plataforma de financiación colectiva (o crowdfunding)
La familia de Villada ha vivido en Estados Unidos desde hace más de una década. Durante ese tiempo, ella estuvo casada con un ciudadano estadounidense y trabajó tanto para el Departamento de Salud del estado de Oklahoma como para The Bilingual Clinic, PLLC, empresa fundada por su exesposo, donde se desempeñó como directora de servicios de atención al paciente.
“Es bilingüe y siempre se ha esforzado por brindar la mejor atención a quienes viven en Estados Unidos con barreras lingüísticas. Tiene un carácter cariñoso y amoroso”, explicó Sperber.
Buscan recaudar fondos para cubrir los gastos de representación legal en Estados Unidos: nada baratos
La recaudación de fondos pretende cubrir los honorarios legales de la defensa de Villada que, según su pareja, tampoco ha podido continuar su terapia de salud mental desde la detención.
Sperber comentó que, tras el arresto, contrataron a una abogada especialista en inmigración para buscar la liberación de Villada, pero los recursos económicos de la familia se han visto afectados por otras obligaciones, incluyendo el cuidado de su abuelo enfermo.
En redes sociales como Instagram y Facebook, la mujer utiliza el nombre Daniela Deweber, correspondiente a su apellido de casada, y señala que es originaria de la ciudad de Medellín, Colombia.
Además, la colombiana y su esposo tienen un problema adicional, además de los elevados gastos que deben abonarle a la jurista que defiende a Daniela, “lo que hace que esto sea más difícil económicamente es que ahora soy el único cuidador de mi abuelo sin su ayuda (de Daniela)”, explicó Sperber.
“En el momento de la detención, acababa de empezar a recuperarme económicamente de un accidente automovilístico”, explicó el esposo de Daniela.
“Desde su detención, mi abuelo también ha comenzado a recibir tratamiento médico y radioterapia para el cáncer de piel. Una vez completada la radioterapia para un tumor conocido, descubrimos que tenía otro tumor canceroso, un nuevo cáncer de piel agresivo para el que aún está esperando recibir radioterapia para eliminarlo y curarlo”, detalló en la descripción de la página de GoFundMe (https://www.gofundme.com/f/help-daniela-villada-restrepo-fight-ice-detainment), donde se precisa que la meta son 2.600 dólares, un poco más de 10.400.000 pesos colombianos.
Tener una ‘green card’ tampoco es garantía de nada para los migrantes en Estados Unidos
Sobre el riesgo de deportación de quienes poseen una persona que posea la famosa green card, el National Constitution Center explica que los residentes permanentes están obligados a obedecer las leyes locales y federales; esto implica la posibilidad de perder ese estatus si se demuestra una violación legal.
La entidad puntualizó lo siguiente: “Si un juez de inmigración falla en contra del titular de la tarjeta verde, este puede apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, y posteriormente ante un Tribunal Federal de Apelaciones”.
La organización aclara que algunos delitos pueden iniciar un proceso de deportación, entre ellos el tráfico de drogas, abuso sexual de menores, delitos violentos, fraude o robo, e incluso repetidas infracciones por conducir en estado de ebriedad. Especialistas citados por el centro advierten que delitos menores y no violentos también pueden traer graves consecuencias migratorias para residentes permanentes.
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