Martha Lía Grajales, activista colombo-venezolana, fue presentada e imputada por el régimen de Maduro: estos son los cargos en su contra

Luego de los múltiples interrogantes sobre el paradero de Martha Lía Grajales, activista colombo-venezolana detenida en Caracas (Venezuela) el pasado 8 de agosto de 2025, el Ministerio Público del régimen confirmó durante la tarde del 11 de agosto que presentó e imputó ante un tribunal a la mencionada mujer, según indicó por su participación en una manifestación frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

De acuerdo con este ente, afín a la dictadura y que se pronunció en su perfil de Instagram, Grajales fue imputada por “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”. En su declaración, la fiscalía general, al mando del polémico Tarek William Saab, aseguró que la detención de la activista respondió a una orden formal emitida en su contra y anunció que el tribunal dictó una medida privativa de libertad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El Ministerio Público como garante de la justicia y los derechos humanos velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso que consagra la Constitución”, agregó el ente acusador, sin precisar el lugar de reclusión de la activista ni detallar los hechos concretos que motivaron tales cargos. Como tampoco, y lo que resulta aún más inquietante, el estado de salud en el que se encontraría la protestante.

En el pronunciamiento oficial se omitió cualquier referencia sobre pruebas o evidencias específicas y no aportó información sobre la cronología de la detención. Por tal motivo, allegados y organizaciones han denunciado que, hasta el momento, la defensa no ha tenido acceso a los documentos judiciales completos ni se ha informado el sitio exacto donde Grajales permanece detenida.

Es por ello que ONG como Provea y Foro Penal alertaron sobre la posibilidad de una “desaparición forzada”, al recordar que Grajales estuvo incomunicada durante más de 72 horas y su paradero sigue siendo un misterio. Esta situación causó una ola de preocupación nacional e internacional por el posible uso del aparato judicial para silenciar voces críticas en el país, lo que llevó, incluso, a la ONU a pronunciarse sobre el particular.

Durante la tarde del 5 de agosto, Grajales encabezó una vigilia pacífica frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia en la capital venezolana. Como directora de la ONG SurGentes, se unió a decenas de manifestantes que exigían la liberación de personas detenidas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024; no obstante, la manifestación dispersada por un grupo ‘parapolicial’ de unas 70 personas.

Frente a estos sucesos, Grajales fue aprehendida por presuntos funcionarios vestidos de civil que omitieron identificarse, según confirmó la abogada y activista Tamara Sujú. La reacción internacional no tardó en llegar, como lo expresó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que emitió un llamado urgente exigiendo la liberación inmediata de la defensora capturada por el régimen de Maduro.

“Las garantías procesales deben ser observadas y respetadas conforme al derecho internacional”, puntualizó en un comunicado hecho público el lunes 11 de agosto, antes de conocerse el pronunciamiento del Ministerio Público. La exigencia fue respaldada por varias organizaciones civiles, quienes consideraron el caso un nuevo indicador del clima de opacidad y sospecha en el sistema de justicia venezolano.

Durante los días en que ha estado detenida, diferentes partidos políticos y agrupaciones ciudadanas han reclamado la publicación de todos los actos procesales, el acceso irrestricto de la defensa a la causa y la investigación de posibles irregularidades en la detención de Grajales: que tiene doble nacionalidad y es reconocida tanto en Colombia como en Venezuela por su activismo en derechos humanos.