Fiscalía judicializó a hombre que habría ordenado prenderle fuego a comerciante que no pagó extorsión en Itagüí: no aceptó cargos

La extorsión sigue desbordada en el Área Metropolitana de Medellín, a pesar de las actuaciones de las autoridades que dieron con la captura de Juan Camilo García Saldarriaga, conocido con el alias de ‘Chadu’, un peligroso delincuente que tenía azotado el municipio de Itagüí.

Según informó la Fiscalía General de la Nación en la mañana del domingo 10 de agosto, a este individuo se le atribuye ser el principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo, así como el responsable de imponer cuotas financieras a comerciantes, ganaderos y empresarios de la región.

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La noticia principal surge luego de que un juez de control de garantías decidió enviarlo a prisión preventiva por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto en el departamento de Antioquia.

El proceso judicial contra este cabecilla de la red delincuencial El Ajizal cobró notoriedad luego de que la Fiscalía lo señalara como el posible autor intelectual de un acto de extrema violencia ocurrido en Itagüí.

Según las investigaciones, el 14 de marzo de 2019, dos personas a su servicio habrían interceptado a una víctima que se movilizaba en su vehículo, le rociaron gasolina y le encendieron fuego tras negarse a pagar una extorsión. García Saldarriaga enfrenta imputaciones formales por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio.

Durante la audiencia, el líder criminal no aceptó los cargos propuestos por la Fiscalía adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, decisión que lo llevó a iniciar el proceso judicial en condición de reclusión.

La vinculación de alias Chadu con actividades delictivas no se limita al intento de homicidio en Itagüí. Las autoridades sostienen que él participa activamente en la estructura que domina el tráfico de drogas y la extorsión en diversas zonas del área metropolitana, afectando no solo la seguridad de los habitantes sino también la economía de comerciantes y empresarios, quienes se ven obligados a entregar dinero bajo amenazas.

La captura del presunto cabecilla conocido como “Micki”, un hombre de 36 años señalado de articular las actividades ilícitas del grupo, marcó uno de los momentos claves de la operación Ares de la Policía Nacional, que desarticuló una organización delictiva vinculada a la extorsión en el noroccidente de Medellín.

El operativo, realizado en el marco de la ofensiva nacional contra el multicrimen y el delito, contó con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la alcaldía de Medellín.

Según comunicaron las autoridades, hombres y mujeres del Gaula Metropolitano desarrollaron durante seis meses una labor investigativa tras recibir 48 denuncias de la comunidad respecto a actividades de extorsión, desplazamiento forzado y otros delitos conexos en las comunas de Castilla, Robledo y Doce de Octubre.

Como resultado de las evidencias recolectadas, la Fiscalía solicitó a un juez órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado. El operativo incluyó 12 diligencias de registro y allanamiento en las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y en el municipio de Itagüí.

Durante esta intervención, fueron capturadas 13 personas —once hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y 45 años— y se incautó un arma de fuego junto a nueve celulares que pasarán a formar parte del material probatorio.

Entre los detenidos, además de “Micki”, figuran tres supuestos coordinadores conocidos como “Nilton”, “Gordo” y “Julian”, a quienes se les atribuyen tareas como ejecución de cobros extorsivos a comerciantes, intimidaciones a rutas de transporte, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Los otros nueve implicados habrían actuado como ejecutores directos de estas órdenes.

Según lo informado, los detenidos y los elementos decomisados quedaron a disposición de la justicia y, tras las correspondientes audiencias, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.