Escándalo en la Ungrd: Sneyder Pinilla pidió que audiencia en la que se evaluará principio de oportunidad a su favor sea pública

En un nuevo y tormentoso capítulo en el proceso judicial que causó el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se conoció el domingo 10 de agosto de 2025 la carta enviada por el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla Álvarez, en la que solicitó de manera formal a los jueces del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, que su próxima audiencia sea pública, con acceso a toda la ciudadanía.

En efecto, Pinilla Álvarez, que ejerció como el segundo al mando en la entidad, solo por debajo de Olmedo López Montaño, que ofició como director de la Ungrd, indicó que la diligencia en la que pedirá que se oficialice el principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación sea abierta no solo a los medios, sino al país. Así lo ratificó en la carta enviada al Centro de Servicios Judiciales, con la que pretende que se blinde este proceso.

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“Solicito que mi audiencia de solicitud de principio de oportunidad NO sea reservada ni secreta, sino pública, con acceso para medios y ciudadanía”, escribió el exsubdirector de la Ungrd en el inicio de su comunicación, que fue tramitada por su abogado defensor: el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, que tras purgar pena por su participación en el Cartel de la Toga y su regreso al país, tras su deportación de EE. UU., es abogado litigante.

La misiva de Pinilla, sin duda, marca un nuevo pulso entre los colaboradores de la justicia y el sistema de protección estatal en medio de la investigación más alta contra estructuras presuntamente corruptas en la Ungrd. Y luego de que una jueza de la República negara el acuerdo establecido por López Montaño ante el órgano acusador, debido a que habría sido presentado de mala manera por parte de la Fiscalía; de acuerdo con la argumentación.

En ese sentido, Pinilla indicó que su decisión de declarar y entregar elementos probatorios tuvo un alto costo personal. “Cuando decidí colaborar con la justicia y contar lo que sabía sobre la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entendí que no sería fácil, pero no imaginé el altísimo precio que tendría que pagar”, afirmó en su escrito, que tuvo amplia repercusión por la importancia de su testimonio.

En su carta, el exsubdirector sostuvo que su aporte no se quedó en declaraciones. “No solo hablé: entregué documentos, grabaciones, chats, pruebas técnicas que hoy están en poder de la Fiscalía y la Corte Suprema”, precisó el exfuncionario. Según sus palabras, esos insumos permitieron abrir procesos judiciales contra una serie de congresistas, ministros, contratistas y funcionarios que “antes parecían intocables”, según remarcó.

Y explicó la figura jurídica en el centro de la discusión. “El principio de oportunidad no es un perdón a quien cometió delitos, sino una herramienta que permite entrar en estructuras criminales cerradas, donde la verdad no se consigue en un allanamiento, sino cuando alguien que estuvo adentro decide contar lo que pasó y lo cuenta con pruebas”, agregó en su declaración, como una especie de anticipo a lo que podría ser una decisión en su contra.

La solicitud también planteó la exigencia de máxima visibilidad en su comparecencia judicial, con un objetivo expuesto en términos de autopreservación. “La difusión de esta audiencia no es un capricho. Es mi única garantía real de protección frente a quienes se benefician de mi silencio, frente a quienes han intentado intimidarme, sobornarme, desprestigiarme y frenar mi colaboración”, declaró en su carta el exsubdirector de la Ungrd.

Y recalcó, en consecuencia, que “la transparencia es el mejor blindaje contra la corrupción y contra el miedo”. Por tal motivo, reiteró que su audiencia sea pública como condición esencial para garantizar su seguridad. Y advirtió, con un mensaje al sistema judicial, que su intención siempre ha sido colaborar entregando pruebas de sus actuaciones en este proceso, en el que ha sido considerado como uno de los testigos estrella del entramado.

“Cuando el Estado pide colaboración, la recibe y logra resultados, tiene que honrar lo que acuerda. Si no lo hace, envía un mensaje terrible: que en Colombia colaborar es ponerse la soga al cuello”, expresó Pinilla, que se había comprometido a pagar 5 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, y devolver $618 millones de pesos, a cambio de una reducción de su pena. Y con el compromiso de seguir aportando todo el material que tiene en su poder sobre este escándalo.