La deportación de 107 presos colombianos desde Ecuador hacia Colombia a través del Puente Internacional de Rumichaca encendió una señal de alarma en la frontera sur del país.
Este episodio, que corresponde a la tercera fase de un plan ecuatoriano para descongestionar sus cárceles, fue calificado por autoridades colombianas como un proceso improvisado y desordenado. En este contexto, la posibilidad de una expulsión masiva de ciudadanos venezolanos desde Ecuador generó una profunda inquietud en la ciudad de Ipiales, ubicada en el departamento de Nariño.
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El alcalde de Ipiales, Amílcar Pantoja, manifestó su preocupación por la eventualidad de que el Gobierno ecuatoriano decida expulsar a un número considerable de venezolanos, que serían abandonados en la frontera. Según el funcionario, en diversos sectores sociales se difundió la versión de que esta medida podría ejecutarse en los próximos días, lo que pondría en riesgo la estabilidad social y económica de la región.
Pantoja solicitó la intervención del Gobierno nacional para que se adopten acciones preventivas que eviten un escenario de caos en la ciudad y en los municipios aledaños.
A su vez, enfatizó en la necesidad de que la Cancillería de Colombia asuma un papel activo ante esta amenaza, advirtiendo que la llegada repentina de cientos o miles de migrantes podría agravar los problemas de inseguridad y violencia que afectan a la región. La inquietud no solo proviene de las autoridades locales, sino también de líderes y dirigentes comunitarios, que expresaron su malestar por la posibilidad de que Ipiales se convierta en el principal punto de recepción de los expulsados.
La preocupación de las autoridades colombianas se fundamenta en antecedentes recientes. El pasado 25 de julio de 2025, Ecuador deportó a cerca de 400 presos colombianos, la mayoría de los cuales recuperó la libertad y regresó a sus lugares de origen. Cuatro días después, el 29 de julio, otros 200 reclusos colombianos —hombres y mujeres— fueron enviados de vuelta a Colombia, en cumplimiento de la estrategia impulsada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para reducir la sobrepoblación carcelaria y enfrentar la crisis de seguridad interna.
En todos estos operativos, la Registraduría Nacional desempeñó un papel clave en la verificación de la identidad de los deportados. El delegado de la entidad en Nariño, Olmer Muñoz, explicó que el proceso de cotejo decadactilar permitió confirmar la identidad de cada persona en menos de 15 segundos.
Muñoz detalló que la intervención de la Registraduría respondió a una solicitud de la Cancillería, el Ministerio del Interior y otras autoridades de los distintos niveles de Gobierno, con el objetivo de garantizar que los connacionales repatriados desde Ecuador fueran correctamente identificados.
Las acciones de la Cancillería de Colombia frente a las deportaciones de connacionales desde Ecuador
Tras la ejecución de la medida avalada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, la Cancillería de Colombia sostuvo que insistirá con su par ecuatoriano en el establecimiento de un protocolo, que incluya un calendario de salida, para la deportación de los expulsados desde Ecuador.
“La Cancillería insistirá con su par ecuatoriano para que se establezca un protocolo y un calendario para la salida. Esto, luego de la coyuntura vivida entre la tarde noche de ayer y la mañana de hoy sábado, 26 de julio, en la que las autoridades del vecino país expulsaron a 603 connacionales”.
Por su parte, la canciller (e) Rosa Yolanda Villavicencio Mapy indicó que “se precisa lograr el acuerdo respecto del protocolo con el país vecino, de tal forma que se pueda garantizar un trato digno y ofrecer una atención adecuada e integral a los retornados, tal y como lo señala la ley 2136 de 2021, que establece las responsabilidades de las entidades en el retorno masivo”.
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