Petro salió en defensa de Maduro tras millonaria recompensa por su captura, y criticó presuntas intromisiones de Estados Unidos en Colombia

Durante la mañana del 9 de agosto, el presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para pronunciarse sobre una polémica internacional, subrayando la importancia de la independencia judicial en todo el continente.

La controversia surgió a raíz de declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe reflejaba una instrumentalización de la rama judicial colombiana por parte de “jueces radicales”.

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“La justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia. No estoy de acuerdo con que se derrame sangre latinoamericana por imposición. Venezuela y Maduro nos han ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión”, escribió Petro en la red social.

La postura del mandatario se da en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas, provocadas por las declaraciones de funcionarios estadounidenses que, según Petro, representan una presión indebida sobre la justicia colombiana.

De hecho, el mensaje del jefe de Estado colombiano fue una reacción a la entrevista que el jurista Rodrigo Uprimny concedió a Noticias Caracol, en la que sostuvo que Estados Unidos supuestamente promueve la impunidad de los poderosos y que su injerencia en asuntos judiciales de otros países constituye una interferencia inaceptable: “Estados Unidos lo que está impulsando en el mundo es que no se pueda perseguir a los poderosos”, afirmó Uprimny.

Esta reflexión llega después de recientes gestos diplomáticos norteamericanos en relación con decisiones judiciales en Colombia, lo que ha generado respuestas en distintos sectores del país.

En entrevista con Caracol Televisión, Uprimny cuestiona especialmente la legitimidad del papel estadounidense en estos asuntos: “como cómo va a venir el secretario de Estados Unidos a decirnos como administrador de justicia en Colombia cuando ellos tienen un presidente convicto”, una referencia directa a la situación legal del exmandatario Donald Trump.

Uprimny sostiene que los canales adecuados para resolver controversias sobre derechos humanos son las instancias judiciales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana o la Corte Penal Internacional en casos de crímenes graves.

Según el académico colombiano, permitir que un país indique a otro cuál debe ser la conducta de sus jueces, “es una cosa de poner y yo creo que se debería así como uno dice, deberíamos llegar a algunos consensos, ese debería ser un consenso”, aludiendo a la necesidad de acordar principios básicos sobre la no injerencia.

Uprimny también abordó el cambio de percepción respecto a la llamada “guerra jurídica” o “lawfare”, fenómeno que identifica el uso de la justicia como herramienta de persecución política. Originalmente, esta teoría era abordada desde la izquierda latinoamericana, aludiendo al uso del aparato judicial contra expresidentes como Lula da Silva en Brasil o el caso de Paraguay, mientras que “en los últimos meses se volvió una teoría de la derecha”.

Para el analista, el reto fundamental se relaciona con el reconocimiento real del Estado de derecho: “el interrogante es, vamos a aceptar el principio el estado derecho que todos estamos sometidos a la ley, incluso los presidentes y expresidentes o no”.

El debate pone en relieve la frágil línea entre la defensa internacional de los derechos humanos y la soberanía de los sistemas judiciales nacionales. Petro y Uprimny coinciden en señalar la urgencia de preservar la autonomía de las instituciones judiciales latinoamericanas frente a presiones externas, y la discusión continúa abierta entre líderes políticos, juristas y la ciudadanía.

Durante un acto en Córdoba, el presidente Gustavo Petro expresó preocupación ante la posibilidad de ataques militares de Estados Unidos en Colombia tras una orden secreta del expresidente Donald Trump, publicada por The New York Times.

Dicha orden autoriza el uso de fuerza militar contra carteles y organizaciones de narcotráfico en América Latina, incluyendo grupos colombianos como las disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia y células del Tren de Aragua.

El documento, reservado, permite operaciones unilaterales del Pentágono sin la aprobación previa del Congreso estadounidense, lo que reduciría los controles sobre la política exterior y eleva el riesgo de incidentes diplomáticos y militares en la región.

Petro insistió en la importancia de coordinar medidas para defender la soberanía nacional y cuestionó la efectividad de intervenciones foráneas tras décadas de lucha antidrogas. La inclusión de Colombia en la lista de objetivos de EE. UU. obliga a replantear la seguridad y la autonomía del país.