Nilton Córdoba, excongresista del Partido Liberal y figura clave en la política del Chocó, reaparece en el debate público tras la reciente condena por soborno y fraude procesal que también afecta al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Córdoba defendió su postura frente a la polémica sobre una supuesta confusión en las interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema en 2018.
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Según el exmagistrado José Luis Barceló, encargado en ese momento del escándalo conocido como el “cartel de la toga”, la Corte Suprema intentaba interceptar las comunicaciones de Nilton Córdoba, pero por supuesto un error técnico terminó escuchando las del expresidente Uribe entre el 12 y el 27 de mayo de 2018.
Esta interceptación fue clave para abrir la investigación contra Uribe, que derivó en su condena en primera instancia.
Sin embargo, Córdoba negó rotundamente haber facilitado el número del expresidente y aseguró que en ese momento ni siquiera lo conocía.
“Eso es totalmente falso. Nunca tuve interceptado mi teléfono y no proporcioné ningún número ajeno a la justicia”, afirmó en entrevista con Semana.
Añadió que se enteró de que estaban “chuzando” a Uribe cuando los medios lo hicieron público, y que su número es de conocimiento público en varias entidades.
La controversia sobre la interceptación ha generado versiones encontradas. Mientras el exmagistrado Barceló insiste en que la escucha a Uribe fue un “accidente”, Córdoba sostiene que, de haberse interceptado su teléfono, esas pruebas habrían aparecido en su expediente judicial, lo que no ocurrió.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe ha señalado que, pese a que el operador de las escuchas advirtió que estaban interceptando al exmandatario, las autoridades judiciales continuaron, lo que para Uribe demuestra un interés deliberado en afectarlo: “Se mostró el interés de hacerme daño”.
En 2018, al enterarse del error, Córdoba contactó a Uribe a través de un primo del Centro Democrático para informarle la situación. Según el excongresista, el expresidente lo recibió brevemente y restó importancia al asunto: “No les pares bolas, quieren hacerme daño”.
Actualmente, Córdoba enfrenta una condena de cinco años por soborno para frenar una orden de captura por lavado de activos, y está inhabilitado para ejercer cargos públicos desde enero de 2023.
A pesar de ello, su influencia en la política del Chocó sigue vigente, aunque desde un perfil más discreto.
Este episodio refleja la complejidad de la política colombiana y las tensiones entre poder judicial y actores políticos, en medio de investigaciones y rivalidades que marcan la región y el país.
El expresidente Uribe Vélez había expresado preocupación tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que permitió discutir en el juicio la admisión de grabaciones telefónicas obtenidas por error en 2018.
Estas interceptaciones, inicialmente dirigidas al congresista Nilton Córdoba, incluían llamadas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, y fueron determinantes para ordenar una medida de aseguramiento contra Uribe en 2020.
La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, argumentó que estas pruebas violaban el debido proceso y derechos fundamentales, incluido el secreto profesional, al ser obtenidas “por error”.
El operador de las escuchas notificó a las autoridades tras identificar la equivocación, pero las grabaciones continuaron y fueron usadas en el proceso judicial. Además, la defensa cuestionó la cadena de custodia de evidencia obtenida mediante dispositivos con cámara y micrófono en la cárcel La Picota, usada contra el testigo clave Juan Guillermo Monsalve.
La jueza 44 rechazó la exclusión de pruebas, decisión que la defensa calificó de sesgada.
Uribe también criticó la justificación de la Corte Suprema sobre la interceptación y la filtración de las grabaciones, y aclaró que no tuvo relación personal con Nilton Córdoba ni con su abogado, salvo un contacto breve en 2018.
Uribe fue condenado a 12 años de prisión, en una sentencia en la que las interceptaciones telefónicas jugaron un papel relevante para dicha decisión.
Actualmente, el caso está en espera de la resolución de la apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que definirá la validez definitiva de las pruebas.
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