Mafias manejan 586 km entre Colombia y Ecuador, pagan sueldos, cobran impuestos y burlan a la fuerza pública, según denuncia

La presencia de bandas criminales en la frontera sur de Colombia no solo ha reducido a mínimos la acción de las fuerzas estatales, sino que ha generado una estructura de poder paralela capaz de sobornar a funcionarios, construir infraestructuras y controlar abiertamente el movimiento de personas y mercancías.

Según informó Semana, militares de ambos lados de la frontera reconocen su falta de control en la región y la dificultad para recuperar el dominio ante la arremetida mafiosa.

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“Ellos han comprado todo lo que han querido. Tienen para pagar fiscales, jueces, uniformados y políticos… pero no tenemos la capacidad de dominarlos”, afirmó según la revista un alto oficial ecuatoriano involucrado en la vigilancia fronteriza.

En los últimos dos años narcotraficantes y guerrilleros han tomado posesión de 586 kilómetros de la frontera colombo-ecuatoriana, lo que les permite manejar los pasos clandestinos, detectados al menos 185 de ellos, desde donde se trafican drogas, armas y explosivos, además de facilitar la extracción y contrabando de metales preciosos.

Mientras tanto, la respuesta estatal se ve lastrada por severos recortes presupuestales: la XXIII Brigada del Ejército colombiano dispone en 2025 de 77 millones de pesos, una reducción del 21% respecto al año anterior, y la XXVII Brigada apenas recibió 46 millones de pesos tras un 2024 en cero, según información obtenida por el medio mencionado.

La Policía, pese a contar con más efectivos, sigue sin recursos tecnológicos ni capacidad operativa. Un oficial de la zona declaró que “no tenemos las capacidades para ponerles control a los pasos ilegales. Hay pocos recursos en tecnología, investigación e inteligencia… la comunidad no denuncia ni da información por el temor infundido por los criminales”.

Este dramático deterioro coincide con el fracaso de los diálogos de paz del gobierno de Gustavo Petro con las principales disidencias armadas, extendiendo sus efectos al otro lado del límite internacional.

Autoridades ecuatorianas han advertido que por restricciones impuestas desde Bogotá a sus tropas para coordinar acciones, resultó imposible frenar la expansión del crimen. Un coronel del ejército ecuatoriano explicó que “Nosotros llamábamos a nuestros compañeros colombianos y nos decían que no podían operar por las restricciones de fuego, no podíamos hacer operaciones espejo, el Gobierno en Bogotá no los dejaba”.

Diversos grupos armados ilegales operan en la zona, incluidos el Estado Mayor Central de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con nexos transnacionales, y los Comandos de Frontera, entre otros.

También se destaca el caso de los Comuneros del Sur, disidencia del ELN que, bajo supuesto proceso de entrega de armas, habrían disimulado su continuidad criminal como Autodefensas Unidas de Nariño. “Se cambiaron de nombre y uniformes… cumplen con todas las características para serlo (un grupo armado organizado=”, indicó a Semana un alto comandante colombiano.

Este grupo, con más de 180 integrantes y reclutamiento irregular, paga salarios de hasta 500 dólares mensuales (cerca de 2 millones de pesos) y engaña a sus miembros para justificar actividades ilegales. Un exintegrante detenido declaró: “A mí me pagaron el primer mes y no me volvieron a dar nada. Me escapé y ahora tengo miedo”.

El general Fausto Salinas, excomandante de la Policía de Ecuador, calcula que de las 1.500 toneladas de cocaína que Colombia produce al año, unas 900 salen desde su país hacia otros mercados, un tránsito facilitado por la logística ecuatoriana y el escaso control fronterizo.

Los datos oficiales muestran que la erradicación de cultivos ilícitos en Nariño fue nula en 2025 tras una orden judicial, y solo 23 hectáreas se erradicaron en 2024, a pesar de que la ONU estima 30.000 hectáreas de cultivos. La destrucción de infraestructuras para la droga también sufrió una caída del 35%, y las incautaciones de hoja y base de coca, del 11% y 9% respectivamente.

Otra frontera delictiva es la minería ilegal, gestionada mayormente por guerrillas que extraen oro de Ecuador y lo trasladan a Colombia, donde el control estatal es más laxo.

Por cada kilo de oro puesto en el mercado, las redes criminales obtienen 100.000 dólares (más de 400 millones de pesos). A pesar de la magnitud del fenómeno, en lo que va de 2025 solo se han producido ocho capturas y se han incautado 17 unidades mineras ilegales en la frontera.

Para el expresidente Iván Duque, el Estado colombiano “se ha debilitado estructuralmente”, pérdida que atribuye a las recientes políticas de permisividad con los cultivos ilícitos y a la estrategia llamada paz total. El exministro de Defensa Diego Molano añade que el avance criminal ha significado también el sometimiento de poblaciones indígenas y vulnerables, que sufren la fragmentación territorial y el ingreso de organizaciones mexicanas junto a las colombianas.

El puente Rumichaca, principal paso legal entre ambos países, acredita la cooptación de la delincuencia internacional, incluyendo al Tren de Aragua, además de los carteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.

Según Semana, el Tren de Aragua asumió funciones de narcotráfico, extorsiones, tráfico de migrantes y hasta manipulaciones monetarias en la zona. Existe además penetración de la fuerza pública local mediante sobornos: “A los policías colombianos les ofrecen beneficios económicos, puede ser una cuota fija o esporádica… para que los alerten de los movimientos de la fuerza, para que omitan sus funciones o para que afecten a sus bandos contrarios”, explicó una fuente de la institución.

Operaciones como el intercambio de ketaminas por cocaína, suman nuevas rutas criminales y vínculos bilaterales entre mafias. También se han identificado fábricas de dólares falsos al servicio de los carteles ecuatorianos y narcos colombianos, con repercusiones en la economía y el tejido social de ambos países.

La población local enfrenta una presión constante: “A cada litro de leche le imponen un impuesto de 200 pesos. A los mineros les cobran 300 dólares por trabajar en bocaminas. A los mandatarios locales los amenazan. A los indígenas los obligan a ejercer el control y a imponer sus reglas, si no lo hacen, los asesinan”, puntualizó al medio mencionado un líder regional, bajo anonimato por temor a represalias.

La lista de responsables del descontrol incluye a figuras como Duverney Valencia Forero, alias Gerson; Wilson de Jesús Londoño Cano, alias Uriel; Giovanni Andrés Rojas, alias Araña; y Gabriel Yepes Mejía, alias HH, señalados como jefes de diversas organizaciones transfronterizas.

De acuerdo con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, la ruta ecuatoriana resulta más rentable para el tráfico de drogas debido a menor vigilancia estatal y subsidios al combustible marítimo en Ecuador, un incentivo utilizado por los narcos. Según Martínez, desde la llegada del Gobierno actual, “no se han hecho operativos en esa zona como en las épocas de Uribe, Santos y Duque. Eso quedó entregado a la ley del delito y de la criminalidad”.