A pesar de las recientes inyecciones de recursos, los bloqueos viales en Boyacá y Cundinamarca persisten, afectando gravemente la economía y la movilidad regional.
El sector transportador ha reportado pérdidas superiores a 1.800 millones de pesos y cerca de 130.000 pasajeros afectados por el cierre de corredores esenciales como el eje Bogotá-Tunja-Sogamoso, vital para más del 98% de los despachos de transporte intermunicipal.
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Este contexto marca el telón de fondo para el anuncio realizado el miércoles 6 de agosto por el Ministerio de Hacienda, que informó sobre un acuerdo inicial para que la empresa mixta Gensa subsane sus deudas con los mineros en paro, quienes llevan tres días de protestas.
El Ministerio de Hacienda precisó que Gensa destinará un pago “inmediato” de cerca de 9.000 millones de pesos a los mineros que sostienen el paro, suma que se adiciona a los 5.300 millones ya desembolsados días atrás.
Según la cartera de Hacienda, estos recursos buscan garantizar tanto la continuidad operativa de la compañía como el sostenimiento del empleo en la zona.
“Hemos hecho un esfuerzo importante de parte del Gobierno nacional para garantizar el pago de todas las deudas que tiene Gensa con la comunidad minera [...] están establecidos los recursos para garantizar esos pagos y la estabilidad de la empresa en el resto del año” señaló el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Gensa, en calidad de empresa de servicios públicos mixta, involucra capital tanto estatal como privado. Actualmente, la Nación, a través del Ministerio de Hacienda, ostenta la mayoría accionaria.
Las deudas de la compañía con la comunidad minera habían sido reiteradas previamente por líderes del sector y autoridades departamentales, lo que motivó la presión social que ahora desemboca en acuerdos parciales.
Además de solventar las obligaciones pendientes, el ministro Ávila mencionó que se impulsan acciones orientadas a la transición energética y productiva de las economías locales dependientes del carbón. Este enfoque persigue asegurar el empleo para quienes dependen de la explotación de minas y canteras, ante la perspectiva de reconversión productiva en la región.
El Gobierno también contempla una próxima capitalización de la empresa con miras a estabilizar su situación financiera durante el resto del año.
Para avanzar en la mesa de negociaciones, Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, visitará Boyacá este viernes 8 de agosto para continuar el diálogo con las partes involucradas.
Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, resaltó el gesto de buena voluntad implícito en el pago anunciado.
“Yo espero que los manifestantes vean esto como un gesto de buena voluntad y puedan proceder a la solicitud que hemos hecho desde temprano de paso intermitente tres veces al día para ayudar a aliviar la economía de Boyacá”, señaló el mandatario departamental.
A pesar de los avances, no existe aún un acuerdo total sobre las exigencias del gremio minero, por lo que los bloqueos de vías permanecen. Las negociaciones se retomarán este viernes en Paipa, mientras las autoridades mantienen activo un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta a la crisis.
El alcance de la protesta ha sobrepasado los límites del sector minero. Participan también campesinos, especialmente paperos, y líderes de los páramos de Güicán, El Cocuy y Chiscas, quienes denuncian problemas estructurales como la falta de diálogo previo con el Gobierno, la crisis de precios en el sector agrícola y la migración obligada de mano de obra minera hacia el campo.
Según las declaraciones de los paperos, las pérdidas alcanzan los 15 millones de pesos por hectárea, agravadas por la ausencia de respuestas concretas de las autoridades.
Si bien los manifestantes reconocen que las protestas generan un costo adicional para la comunidad, aseguran que la situación financiera ya es insostenible y requiere soluciones de fondo.
Por su parte, el Ejecutivo ha reiterado la convocatoria a nuevas reuniones con representantes de todos los sectores implicados, enfatizando la búsqueda de acuerdos sostenibles y el carácter urgente de evitar una parálisis prolongada que prologue el impacto sobre la calidad de vida y la economía departamental y de la región andina.
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