Margarita Rosa de Francisco habló de los puertos de Colombia y aseguró que “son centros de criminalidad”

En la mañana del jueves 7 de agosto de 2025, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco hizo una publicación en X en relación con los puertos en Colombia, señalando que estos se han convertido en lugares de concentración para acciones ilegales.

Envió, además, un mensaje al presidente Gustavo Petro, a quien le solicitó explicar, en una alocución, cómo nombramientos públicos contribuyen a prácticas ilegales en estas zonas.

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“Los puertos de Colombia son centros de criminalidad. En cada gobierno se matan por tener el control ahí; la mafiapolítica pone sus fichas claves en ellos. Presidente Gustavo Petro, ojalá haga una alocución explicándonos, como usted sabe hacerlo, lo que pasa con los nombramientos en cargos sensibles y con el funcionamiento de los puertos. ¿Quiénes realmente controlan los puertos de Colombia? ¿Cómo se empiezan a desmontar esas redes?“, escribió la vallecaucana.

En junio, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de impulsar transformaciones profundas en la administración de los puertos marítimos y terminales aéreas del país. La propuesta surgió en medio de crecientes preocupaciones por la supuesta presencia de redes criminales vinculadas al narcotráfico y al contrabando en varias de estas infraestructuras estratégicas.

El jefe de Estado señaló que, en distintos puntos del territorio nacional, estas actividades ilícitas estarían incidiendo en el deterioro de la seguridad urbana, especialmente en ciudades costeras, donde se han reportado repuntes de violencia.

Según el mandatario, los puertos se han convertido en zonas sensibles frente al accionar de organizaciones delictivas que, además de operar en el comercio ilegal de mercancías y estupefacientes, tendrían vínculos con actores políticos locales.

El presidente Petro describió este fenómeno como un “nuevo paramilitarismo”, que estaría relacionado en supuestas prácticas de cooptación institucional.

En respuesta a esta situación, el Gobierno ha comenzado un estudio jurídico orientado a identificar los ajustes normativos y estructurales que permitan mejorar el control estatal sobre el transporte de carga y pasajeros.

Se contempla, entre otras opciones, la radicación de proyectos legislativos con enfoque en seguridad y lucha contra el crimen organizado.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha manifestado su intención de liderar un proceso de revisión y rediseño del modelo portuario nacional.

Además, propuso que el aeropuerto internacional El Dorado, el principal del país, sea incluido en la evaluación, dado que también ha sido señalado como susceptible a ser aprovechado por redes ilegales.

En su intervención, el presidente criticó duramente la capacidad operativa de entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Superintendencia de Transporte.

A juicio del mandatario, estas instituciones no cuentan con las herramientas ni con la coordinación necesarias para enfrentar la dimensión del problema. Para Gustavo Petro, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y control es urgente y debe realizarse con decisión.

Las reacciones del sector no se hicieron esperar. Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, se refirió a los planteamientos del Gobierno en una entrevista con W Radio.

El vocero gremial expresó su preocupación por lo que consideró una generalización injusta que podría estigmatizar a todo el sistema portuario nacional. Reconoció que existen riesgos de corrupción o cooptación por parte de grupos criminales, pero advirtió sobre la necesidad de hacer distinciones entre casos particulares y el funcionamiento general del modelo actual.

Ariza defendió el esquema de concesiones privadas bajo el cual operan los puertos en Colombia. Citó como ejemplo a la terminal de Cartagena, que, según afirmó, ha alcanzado altos niveles de eficiencia sin necesidad de inversión directa por parte del Estado.

También destacó la presencia activa de organismos como la Dian y las unidades antinarcóticos en zonas portuarias, si bien admitió que es necesario reforzar las capacidades institucionales.

Desde su perspectiva, la lucha contra el contrabando y el narcotráfico no puede recaer únicamente en los puertos ni en los concesionarios que los administran. Señaló que existen protocolos de seguridad, pero enfatizó que su efectividad depende de una acción coordinada entre todos los actores involucrados, incluyendo autoridades, fuerzas de seguridad y operadores privados.

“El contrabando y el narcotráfico son fenómenos complejos que no pueden ser responsabilidad exclusiva de los puertos. Existen protocolos para prevenir estas actividades, pero su combate requiere articulación entre todos los actores”, explicó.

El dirigente gremial también rechazó la existencia de clanes políticos en el entorno portuario y afirmó que, aunque hay desafíos en materia de seguridad, estos pueden ser abordados mediante el fortalecimiento institucional, sin poner en riesgo la eficiencia operativa de las terminales.