Las irregularidades que halló la Fiscalía para condenar a exalcalde de Villanueva, Santander, a más de seis años de prisión

Un juez de conocimiento sentenció a Luis José Jaimes Trillos, exalcalde de Villanueva (Santander), en el periodo de 2008-2011, a seis años y tres meses de prisión tras hallarlo responsable de irregularidades en un contrato de obra pública adjudicado durante su administración.

La Fiscalía General de la Nación lo declaró culpable por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El fallo judicial se relaciona con un contrato suscrito en diciembre de 2010 para la construcción de la red de alcantarillado pluvial en el sector conocido como El Colegio, por un valor inicial de $299.933.000. Posteriormente, en junio de 2011, se le adicionaron $23 millones.

Durante el proceso, la Fiscalía documentó varias anomalías. La contratación se efectuó con un único proponente que no cumplía los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.

La entidad también señaló que no se celebró el contrato de interventoría, figura clave para supervisar el desarrollo de la obra. Al concluir y liquidar el contrato, se identificaron daños en la infraestructura, lo que evidenció deficiencias en la calidad de la ejecución.

Junto a Jaimes Trillos, el juez condenó a Julián Alberto Sánchez, exsecretario de Planeación de Villanueva. Sánchez recibió una pena de siete años y tres meses de prisión por los mismos delitos, además de falsedad ideológica en documento público.

La sentencia fue dictada en primera instancia y aún es susceptible de apelación, según informaron las autoridades.

El fallo generó reacciones divididas en redes sociales, donde usuarios expresaron tanto su respaldo como críticas ante la decisión judicial.

“Buen doctor y buen alcalde”; “Yo creo que todos los políticos tienen dinero que no les pertenece”;“Doy fe y meto las manos al fuego por la trasparencia, el amor a su comunidad, su entrega a los más necesitados, como médico y servidor público, este juicio es revanchista y con sesgo político, Luis José, un abrazo y cuente con la comunidad si es necesario recogeremos firmas de la comunidad en gracias a su gestión y apoyo; es de anotar que si se vuelve a postular para un cargo de elección popular barre con todo”, “Excelente noticia por fin un poco de justicia en Villanueva Pero eso quiere decir que ya se está destapando la olla podrida que hay en ese pueblo mano dura para los usurpadores de tierras y los de planeación dando licencias indebidas (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

David Barros Vélez, exalcalde de Armenia, se presentó voluntariamente ante las autoridades judiciales el lunes 4 de agosto en Pereira (Risaralda), después de permanecer prófugo desde 2019. La entrega tuvo lugar en las instalaciones de la Defensoría Regional del Pueblo, donde Barros Vélez arribó acompañado de su abogado y familiares.

El exalcalde, que ocupó el cargo entre 2005 y 2007 en la capital del Quindío, fue condenado en 2019 a 20 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y peculado por apropiación.

El fallo fue emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira y confirmado ese mismo año en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia.

Según la Defensoría del Pueblo, la presentación de Barros Vélez buscó el acompañamiento institucional para garantizar sus derechos fundamentales, incluyendo la dignidad, integridad y trato humano durante el proceso de reclusión.

La decisión de presentarse ante las autoridades fue motivada, de acuerdo con su abogado Gustavo Adrián Álzate Martínez, por problemas de salud que afectan al exalcalde. El defensor expresó que no se divulgarán detalles sobre la condición médica del condenado por respeto a su privacidad y la de su familia.

El proceso judicial contra Barros Vélez inició por un incremento patrimonial injustificado durante su administración. Durante el juicio, la Fiscalía demostró que el exalcalde comenzó su periodo con deudas superiores a $100 millones y un capital de $35 millones, mientras que al concluir su gestión su patrimonio superaba los $1.000 millones. También se detectaron fondos no justificados en cuentas bancarias en el exterior, especialmente en Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado en qué centro penitenciario cumplirá la condena, aunque se contempla que podría ser trasladado a la cárcel La 40 de Pereira mientras se completan los trámites judiciales.

El caso también implicó a personas cercanas al exmandatario. En febrero de 2020, Luz Elena Isaza Velásquez, su compañera sentimental, se entregó a las autoridades y fue condenada a 10 años y 8 meses de prisión por lavado de activos, sanción que incluyó una multa de 5.938 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.