
En una audiencia reservada adelantada el martes 5 de agosto de 2025, el adolescente de 15 años que le disparó el 7 de junio de 2025 a Miguel Uribe Turbay aceptó los tres delitos imputados por la Fiscalía: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
El proceso, supervisado por un juez especializado en ley de infancia y adolescencia, estuvo marcado por la expectativa de que el joven obtuviera beneficios judiciales a través de un principio de oportunidad. Sin embargo, la Fiscalía descartó esta posibilidad al comprobar que la identificación de los demás implicados se logró mediante cámaras de seguridad y labores de investigación, y no gracias a la colaboración del menor.
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“Por eso, si bien el joven infractor colaboró con la administración de justicia, no se le aprobó el principio de oportunidad”, detallaron fuentes de la Fiscalía al El Tiempo.

El entramado criminal se ha visto alterado por hechos recientes: el 29 de julio, otro adolescente de 17 años que afirmó haber sido el primer contratado para ejecutar el ataque abandonó un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), lo que añade incertidumbre sobre la totalidad de los responsables y la dinámica interna de la organización.
El caso ha permitido desarticular parte de la estructura criminal detrás del atentado. Hasta el momento, seis personas han sido capturadas: una de las detenidas es Katerine Martínez, alias Gabriela, responsable de transportar la pistola Glock 9 milímetros utilizada en el ataque: la mujer fue arrestada en Florencia, en el departamento de Caquetá, región en la que según las autoridades se habría empezado a gestionar el atentado.
En la misma zona del país operaba Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, quien fue capturado en Bogotá. También en la capital del país fueron arrestados William González Cruz, alias El Viejo; Elder Arteaga, alias El Costeño o “Chipy”, señalado como el articulador del atentado; y Christian González, conductor de la motocicleta que serviría para la huida del sicario.

Sentencia del sicario adolescente ya tiene fijada la fecha
La sentencia contra el sicario que perpetró el ataque se conocerá el miércoles 27 de agosto de 2025: fuentes del caso le establecieron a El Tiempo que el menor de edad recibirá una condena de ocho años de privación de libertad en un centro especial.
Las investigaciones han apuntado hacia un presunto determinador del atentado: “Zarco Aldinever”, disidente de las Farc de la Segunda Marquetalia. Tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el director de la Policía, Carlos Fernando Triana, han sostenido esta hipótesis.
No obstante, versiones extraoficiales citadas por El Tiempo indican que “Zarco Aldinever” habría sido asesinado recientemente en Venezuela durante una emboscada del ELN, una versión que coincide con la que entregó la disidencia al mando de “Iván Márquez”. Ante este escenario, el abogado penalista Víctor Mosquera, representante legal de la familia Uribe Turbay, solicitará que la investigación incorpore esta línea y que se presenten las pruebas que respalden las afirmaciones de Benedetti y Triana, aseguró el citado medio.

La captura en flagrancia del joven sicario, minutos después de haber perpetrado el atentado, se logró tras una persecución que hicieron algunos policías y ciudadanos: el agresor recibió un disparo en la pierna, lo que obligó a su traslado inmediato a la Clínica Colombia para una cirugía de urgencia.
La investigación del caso destaca la actuación del equipo de seguridad de Uribe Turbay: la respuesta inmediata de los escoltas no solo frustró el objetivo del joven atacante, sino que también permitió preservar su vida.
El análisis balístico realizado por el CTI aportó detalles técnicos que agravan la situación: el arma utilizada, una Glock 9 milímetros, había sido modificada para disparar en ráfaga, una característica que incrementa su letalidad. Los peritos determinaron que las vainillas recuperadas en el lugar del ataque estaban recubiertas con bronce y latón, una alteración que, de acuerdo con los expertos, busca maximizar el daño de los proyectiles.
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