En medio del paro minero que afecta a Boyacá y zonas cercanas, la muerte de un hombre en Ubaté, Cundinamarca, encendió las alarmas sobre el paso que los manifestantes están permitiendo a través de los corredores humanitarios habilitados. El hombre, que sufrió un infarto, no pudo recibir atención médica oportuna debido a la imposibilidad de circulación en las vías afectadas, lo que terminó en un desenlace fatal.
De acuerdo con la información divulgada por el alcalde de ese municipio, Richard Bernal, en diálogo con La FM, el fallecido respondía al nombre de Cesar Burgos y habría sufrido una afección cardiaca mientras transitaba por una de las vías alternas habilitadas para la circulación de automotores.
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Sin embargo, a raíz del episodio que complicó su salud, tuvo que retornar a las vías bloqueadas, por lo que tuvo que someterse a los largos tiempos de espera generados por los bloqueos, lo que impidió su llegada a un centro asistencial para recibir la atención médica pertinente para salvar su vida.
En su intervención, el mandatario municipal exhortó a los manifestantes y asimismo al Gobierno nacional por la creación de corredores humanitarios que permitan el acceso a servicios esenciales para los habitantes de los municipios afectados.
No obstante, el colectivo minero, que anunció el inicio del paro indefinido a partir del 4 de agosto de 2025, enfatizo en que las manifestaciones no tendrían carácter violento y que se permitiría el acceso a servicios básicos por medio de corredores humanitarios, por lo que la solicitud de Bernal levantaría algunas dudas sobre la veracidad de la apertura de dichos corredores.
Los motivos que llevaron a los mineros a bloquear las vías
Las manifestaciones de los mineros iniciaron el 4 de agosto, que según lo anunció el Colectivo Minero, terminaría en un paro indefinido con bloqueos en vías clave, especialmente en la carretera que de Paipa conduce a la capital boyacense, como protesta ante la crisis económica que afecta al sector carbonífero y la falta de soluciones por parte del Gobierno nacional.
El paro fue convocado por asociaciones de pequeños y medianos mineros de carbón térmico y metalúrgico y, según lo expresaron al momento del anuncio de las manifestaciones, se desarrollarían de manera pacífica permitiendo el acceso a servicios esenciales de salud y de abastecimiento mediante corredores humanitarios.
Las demandas principales del gremio incluyen el tratamiento del carbón térmico como mineral estratégico, el pago de deudas superiores a 26.000 millones de pesos por parte de la empresa estatal Gensa, la revisión de políticas tributarias, ambientales y energéticas, así como la reactivación de las exportaciones de carbón a Israel, suspendidas por un decreto presidencial relacionado con el conflicto en Gaza.
De acuerdo con la información divulgada en diferentes comunicados del Colectivo Minero, la crisis del sector estaría afectando la calidad de vida de más de 1.000 familias directamente vinculadas a la minería.
Si bien, en esos comunicados, el gremio también anunció su disposición para entablar diálogos con el Gobierno nacional, los voceros de los manifestantes han denunciado el abandono de las autoridades y la estigmatización por parte del presidente que ha arremetido en contra de la minería por considerar que atenta contra el agua.
Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, en un video publicado en sus redes sociales, expresó su frustración ante la falta de competencias del gobierno departamental para resolver la crisis e instó a las autoridades nacionales a priorizar la interlocución con el sector y respetar el derecho a la protesta pacífica.
En su pronunciamiento, Amaya confirmó la instalación de una mesa de diálogo con funcionarios del Gobierno nacional y representantes de entidades relevantes como la Agencia Nacional de Minería, Gensa y el Ministerio de Hacienda. No obstante, ante la falta de respuestas concretas, los mineros se levantaron de la mesa y anunciaron que las vías permanecerán cerradas y la protesta continuará “con más fuerza”.
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