
Durante su alocución presidencial del martes 5 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro modificó la expectativa nacional al dejar de lado el tema de la reforma a la salud para abordar asuntos económicos y fiscales.
El mandatario dirigió fuertes críticas a los grandes conglomerados empresariales del país, señalando lo que llamó una “injusticia tributaria”.
Petro manifestó su inconformidad con el comportamiento fiscal de las élites económicas, acusándolas de evadir responsabilidades en materia impositiva.
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El presidente afirmó que “porque los ricos de Colombia se están llevando la plata fuera de Colombia y no pagan impuestos”. Este señalamiento estuvo acompañado de una reflexión sobre la desigualdad en el sistema tributario colombiano.
Uno de los momentos más destacados de la intervención del mandatario fue la referencia directa a la Organización Ardila Lülle. En este punto, narró una conversación que sostuvo con representantes de ese grupo y expresó su disposición a adquirir uno de sus activos mediáticos.

“Le pedí al señor Lülle que me dijera ‘¿cómo vender Postobón o RCN?’, no sé, yo le compro RCN, pero ¿cómo va a vender Postobón?”.
El presidente también se refirió al impacto real del sistema tributario sobre los trabajadores.
“Aquí hay una consigna en la justicia, en el Congreso de la República, y en la prensa de Colombia, de que los ricos no deben pagar impuestos, entonces la secretaria de la oficina del más rico de Colombia paga más impuestos que el rico de Colombia, eso se llama injusticia tributaria y por eso es que no salimos de los problemas en Colombia”.
Petro sumó otra crítica al destacar que sectores de consumo corriente soportan cargas tributarias superiores frente a grandes operaciones empresariales.
“Los que venden cerveza pagan IVA, pero quienes compran empresas como Postobón no”, planteando que el actual sistema otorga privilegios a los capitales de mayor tamaño.

Estas declaraciones muestran la postura del presidente sobre la estructura económica nacional, enfocada en denunciar los privilegios fiscales y demandar mayor equidad tributaria.
Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, le contestó a Gustavo Petro por su polémica alocución del 5 de agosto
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, respondió públicamente al presidente Gustavo Petro luego de que este, durante su alocución nacional del 5 de agosto de 2025, señalara que “sus gobernadores nos odian” en referencia a regiones donde crece la agricultura moderna, específicamente Villavicencio y el Tolima.
Cortés expresó preocupación por el impacto de esas palabras en la seguridad propia y de otros mandatarios regionales.
En su declaración, Cortés enfatizó: “Preocupa que esas palabras pronunciadas en televisión nacional y escuchadas por fanáticos pongan en riesgo mi vida”.
Este mensaje en el que la gobernadora advirtió sobre el uso de términos que, en su criterio, pueden generar divisiones y aumentar riesgos personales.
La mandataria aseguró que la administración departamental trabaja sin odio ni rencores, y que en el Meta se promueve la unidad.
“En el Meta trabajamos, gobernamos, y vivimos sin odio, sin rencor, y sin malos sentimientos. Nuestro gobierno, el gobierno de la unidad, busca eso precisamente: unión y un propósito común, sacar al departamento y al país adelante, y como usted mismo lo reconoce y lo aplaude: lo estamos logrando. Disminuimos la pobreza, hacemos próspero al campo, y desterramos la violencia, entre otros muchos grandes logros”, citó.

Cortés también instó al presidente a fortalecer el diálogo entre las regiones y el Gobierno Nacional, y le pidió evitar declaraciones que puedan dividir al país.
La gobernadora sostuvo que “la palabra odio encierra una enorme maldad y no debería usarse nunca, y menos desde la Presidencia. En el Meta no odiamos a nadie, incluso le extendemos la mano a quienes nos atacan, porque creemos en una Colombia unida, no dividida”.
Finalmente, la gobernadora del Meta reiteró su llamado a que el presidente Petro exprese de manera clara la importancia de la no existencia de odio entre los colombianos y la urgencia de salvaguardar la integridad de los funcionarios.
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