Gobierno Petro tiene un problema con el régimen chavista: esta es la abogada que lleva una semana asilada en la embajada de Colombia en Caracas y que la dictadura no quiere dejar salir

María Alejandra Díaz, abogada venezolana y exmilitante del chavismo, cumple siete meses refugiada en la embajada de Colombia en Caracas.

Según informó El País, Díaz permanece en la sede diplomática tras solicitar asilo diplomático el 11 de enero de 2025, aludiendo a una persecución activa por parte de la Policía Nacional Bolivariana antiterrorismo.

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En un comunicado difundido por redes sociales, Díaz afirma que recibió la protección verbalmente del embajador colombiano Milton Rengifo y que la Cancillería venezolana fue notificada de la decisión al día siguiente.

Durante casi siete meses, la dirigente ha seguido las condiciones fijadas por la embajada, incluida la petición expresa de no pronunciarse públicamente sobre política interna.

Pese a la concesión de asilo, Díaz no ha recibido el salvoconducto necesario para salir de Venezuela, pues el Gobierno venezolano sostiene que “no existía ninguna persecución” en su contra.

Hasta 2017, Díaz formó parte activa del oficialismo, integrando la Asamblea Constituyente y destacando como voz militante en medios estatales.

Con el tiempo se distanció del chavismo y, tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, se convirtió en disidente al exigir transparencia sobre los resultados.

Propuso ante el Tribunal Supremo de Justicia la publicación de actas y datos de votación, lo que derivó en su inhabilitación legal y una multa, acusada de “temeridad” y “zozobra”.

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, incluyó el caso de Díaz en un informe sobre presiones e intimidación a juristas en Venezuela.

El reporte advierte que las medidas impuestas forman parte de un patrón de hostigamiento a quienes promueven demandas o representan a víctimas de violaciones de derechos humanos.

En su comunicado, Díaz agradeció al presidente Gustavo Petro por el asilo y exigió la entrega de un salvoconducto que le permita salir del país con garantías, amparándose en los tratados internacionales y los recientes acuerdos bilaterales firmados con Colombia.

Hasta el momento, la embajada colombiana no ha logrado asegurar la protección diplomática efectiva para su salida, mientras se mantienen reuniones para buscar una solución viable que evite riesgos a su integridad.

La situación de Díaz podría tensar la relación bilateral, aunque ella insiste en que su caso debe atenderse bajo normas internacionales y mediante canales diplomáticos.

Cabe destacar que en una reciente edición radial del periodista y locutor Mario Villegas en Venezuela, Rafael Uzcátegui, dirigente de izquierda, hizo fuertes señalamientos sobre el tema de María Alejandra Díaz.

Según el exparlamentario y exmiembro del Consejo de Estado designado por el dictador Nicolás Maduro, pidió a Maduro que le otorgue un salvoconducto a la abogada y exconstituyente, quien se encuentra refugiada en la sede diplomática de Colombia por una fuerte persecución política.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el memorando de entendimiento que pactó la creación de la llamada “zona binacional” entre Colombia y Venezuela.

La congresista sostiene que este acuerdo vulnera la Constitución de Colombia, debido a que fue suscrito sin observancia de los requisitos legales establecidos.

El Gobierno nacional había anunciado previamente que la zona binacional busca promover la cooperación económica en departamentos fronterizos como La Guajira, Norte de Santander, Córdoba y Cesar.

Cabal expresó en su cuenta oficial en X que “Petro y el genocida Maduro no van a negociar a espaldas del país nuestra soberanía“, postura que replicó Infobae al destacar la crítica al procedimiento y a sus implicaciones sobre la soberanía nacional.

En el documento entregado al tribunal, Cabal argumenta que el memorando de entendimiento fue firmado únicamente por la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y no cuenta con la rúbrica del presidente Gustavo Petro.

Según la demanda, la ministra carece de la competencia para este tipo de acuerdos, ya que la Constitución establece que corresponde al jefe de Estado la dirección de las relaciones internacionales.

La senadora también señaló que el acuerdo no fue discutido ni aprobado por el Congreso de la República.

En el texto de la demanda, se lee: “El Memorando de Entendimiento no ha sido sometido a aprobación del Congreso de la República, ni cuenta con la firma del Presidente de la República, quien constitucionalmente tiene a su cargo la dirección de las relaciones internacionales y celebrar tratados o convenios”.

Cabal solicitó que se estudie la nulidad del memorando y que se adopten medidas cautelares que suspendan sus efectos mientras el tribunal decide sobre el fondo del asunto.

“El juez puede decretar las medidas cautelares que suspendan los efectos de actos administrativos”, reiteró la senadora, destacando la importancia de que la creación de la zona binacional se ajuste a la legalidad vigente.