Fiscalía le echó la culpa a la Interpol de la fuga del exdirector del Dapre Carlos Ramón González: “Dicha organización no se ha pronunciado”

La Fiscalía General de la Nación responsabilizó a la Interpol por la ausencia de una orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, investigado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

González, conocido por su cercanía al Gobierno y su papel en la Alianza Verde, permanece prófugo desde que se le imputaron cargos por presuntos actos irregulares cometidos en su paso como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de Inteligencia Nacional.

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A pesar de la orden de captura emitida por un juez, la localización de González aún es desconocida y han circulado versiones que lo ubicarían refugiado en Nicaragua.

Según la Fiscalía indicó en comunicación oficial: “A la fecha la oficina en Colombia de dicha organización no se ha pronunciado al respecto”.

La declaración, firmada por María Cristina Patiño González, Fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, señala que la inacción de Interpol ha limitado la capacidad para activar mecanismos internacionales de búsqueda.

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía calificó a González como el “cerebro” del entramado de corrupción detectado en la Ungrd.

Según lo expuesto en las audiencias, se alegó que “Carlos Ramón González Merchán le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez entregar contratos por valor de 60 mil millones de pesos a favor del también copartidario suyo y presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez, por un valor superior a los 10 mil millones de pesos, también para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, asuntos que debería atender con Sandra Liliana Ortiz Nova”.

A pesar de estas acusaciones, González rechazó los señalamientos y declaró: “No acepto los cargos porque todos son calumnias”.

Este argumento fue reiterado ante el juez y en los procedimientos vinculados a otros señalados en el caso, como Sandra Ortiz, Olmedo López y Sneyder Pinilla, todos ellos exfuncionarios de la Ungrd.

El proceso ha generado inquietud entre las víctimas del escándalo, quienes cuestionan los retrasos en la búsqueda internacional del exfuncionario.

La comunicación judicial deja en evidencia la preocupación de la Fiscalía ante lo que consideran negligencia por parte de la Interpol, situación que complica la detención de uno de los protagonistas clave en el caso de corrupción que afecta a la Ungrd.

De acuerdo con información presentada ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente Gustavo Petro fue alertado sobre irregularidades y prácticas de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) desde diciembre de 2023.

Un expediente de cerca de seiscientas páginas, elaborado por el magistrado Misael Rodríguez, recoge testimonios y pruebas que apuntan a la participación de altos funcionarios del Gobierno y cinco congresistas en hechos relacionados con desvío de recursos y direccionamiento de partidas presupuestales.

Según los testimonios incluidos en la investigación, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz describió la existencia de directrices para que miembros del gabinete “adoptaran” congresistas, a fin de conseguir votos favorables para las reformas impulsadas por el Gobierno. Ortiz aseguró que la política se gestionaba desde el más alto nivel ejecutivo.

Uno de los testimonios clave fue el de Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian, quien relató ante la Corte haber informado a Petro sobre las prácticas conocidas como cupos indicativos en un consejo de ministros el 18 de diciembre de 2023.

Según Reyes, en esa ocasión denunció la existencia de manejos irregulares de recursos en el Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla, y detalló que esta información no fue bien recibida por algunos miembros del gabinete. Reyes sostuvo que “ese tipo de cosas no se puede decir en voz alta”, frase que atribuyó a la exconsejera Ortiz.

El expediente judicial también presenta pruebas de transferencias y repartos presupuestales que, según los investigadores, tenían como propósito negociar el apoyo legislativo a reformas del Ejecutivo.

Cabe destacar que dentro del proceso se reportan chats, registros de ingreso y grabaciones que documentan el contacto directo entre asesores del Ministerio de Hacienda, congresistas y altos funcionarios involucrados.

Entre las figuras señaladas se encuentran Diana Carolina Joya, secretaria privada de Olmedo López, y la congresista Karen Manrique, además de otros participantes en reuniones y llamadas para coordinar movimientos de recursos.

Ricardo Bonilla y su equipo, de acuerdo con su testimonio, afirmaron desconocer los detalles de estos encuentros y negaron la existencia de cupos indicativos.

El magistrado Rodríguez, en su ponencia, solicitó la detención preventiva de varios congresistas debido a las evidencias recabadas. Pese a ello, la Procuraduría se opuso a la medida privativa de libertad, aunque reconoció la existencia de indicios razonables para investigar los hechos señalados.

En el expediente también se menciona que altos funcionarios como Carlos Ramón González y César Manrique permanecen prófugos por su supuesta vinculación en la coordinación de las negociaciones irregulares.