
En la mañana del miércoles 6 de agosto de 2025, se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de soborno en la actuación penal (compra de testigos) al empresario barranquillero Julio Gerlein Echavarría y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón.
Según información revelada por Caracol Radio, el empresario y los dos abogados serían responsables del cargo mencionado por supuestas ofertas a la excongresista Aida Merlano para que no declarara ante la Fiscalía ni ante la Corte sobre hechos de corrupción que podrían comprometer a las casas Gerlein y Char.
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La investigación, detallada por el medio, se originó tras la denuncia presentada por el abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de la exparlamentaria, hoy condenada por un escándalo de compra de votos en la costa Caribe.
Además, durante la audiencia de imputación de cargos, realizada el 22 de junio de 2025, se menciona que Gerlein había participado en la planificación de la fuga de Aida Merlano, ocurrida el 1 de octubre de 2019, mientras se encontraba en una consulta odontológica en el norte de Bogotá, según informó W Radio.

El fiscal 104 delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Hernández, presentó la acusación por el delito de soborno en actuación penal en calidad de presunto determinador contra Julio Gerlein, donde se declaró inocente.
Por su parte, los abogados Teodoro Antonio Deyongh Salcedo y Diego Luis Muñeton Restrepo fueron acusados como presuntos autores del delito de soborno en actuación penal y como presunto determinador del delito de falso testimonio y coautor de soborno en actuación penal, cargos que no fueron aceptados por los procesados.
Detalles de la imputación
Durante la audiencia, revelada por Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación sostiene que el empresario Julio Gerlein contactó en septiembre de 2019 el teléfono interno de la cárcel El Buen Pastor.
El propósito de esa llamada, según la documentación del ente acusador, era que Merlano se preparara para recibir la visita de Teodoro Antonio Deyongh Salcedo, quien actuaría como intermediario en la supuesta oferta de soborno.

Según recopiló el ente acusatorio, en la primera de esas visitas, Deyongh Salcedo habría ofrecido 3.000 millones de pesos a cambio del silencio de la excongresista. La segunda visita, de acuerdo con la misma fuente, elevó la suma a $3.500 millones con la condición explícita de que Merlano no involucrara a los Gerlein en sus declaraciones.
El expediente de la Fiscalía también detalla el papel del abogado Diego Luis Muñetón, quien habría actuado como emisario de Alejandro Char, actual alcalde de Barranquilla.
Según la investigación, Muñetón ingresó en tres ocasiones a la cárcel El Buen Pastor entre agosto de 2018 y septiembre de 2019. Durante esas visitas, entregó una carta a Merlano en la que se le ofrecían y entregaban $500 millones.

El dinero, según la Fiscalía, tenía como destino cubrir los gastos médicos de su hijo menor y los honorarios de sus abogados. Además, Muñetón habría enfatizado el alcance de su influencia y la cercanía de su representado con las altas esferas del poder en Colombia.
Durante la investigación, el mandatario barranquillero negó cualquier vínculo con los pagos ofrecidos a la excongresista Aida Merlano.
“¿Cómo voy yo a financiar una campaña? Primero, yo era alcalde en el año 2018. Segundo, ¿cómo voy a financiar campañas de otro partido, del partido Conservador? Eso sería una locura de parte nuestra”, expresó Char en declaraciones a El Tiempo en el año 2022.

La imputación contra Gerlein, Muñetón y Dejón había estado pendiente durante años, vinculada a un proceso judicial que se originó en 2018, cuando la excongresista comenzó a colaborar con la justicia sobre la compra de votos en el Atlántico.
El expediente recoge que, el 5 de septiembre de 2019, Merlano compareció ante la Corte Suprema y optó por guardar silencio respecto a las versiones que conocía sobre la red de compra de votos.
Tras la reciente imputación, la Fiscalía General de la Nación queda habilitada para radicar la acusación formal contra los tres hombres, lo que abriría la puerta a un juicio oral en un juzgado distinto.
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