Supersalud anunció revisión de giros directos a prestadores y proveedores de Nueva EPS

La Superintendencia Nacional de Salud declaró la suspensión inmediata del giro directo de recursos públicos hacia la red de prestadores que atienden a los afiliados de la Nueva EPS. Esta medida, contenida en la Resolución 2025320030006237-6, introduce un esquema de control novedoso para el sector salud colombiano, al establecer que toda transferencia de fondos deberá ser avalada por un contralor designado para certificar la trazabilidad y legalidad de los pagos.

El anuncio, conocido el lunes 4 de agosto, fue calificado por expertos como un paso “extraño y desesperado” en medio de la crisis financiera del sistema.

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Tradicionalmente, el flujo de recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) hacia hospitales, clínicas y demás Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) vinculadas con la Nueva EPS, se realizaba bajo el esquema de giro directo.

Esto permitía que los pagos correspondientes se hicieran rápidamente, sin pasar por intermediaciones adicionales, para garantizar la atención a los usuarios.

La nueva resolución cambia el proceso. A partir de ahora, cada pago deberá contar primero con un concepto técnico emitido por el contralor designado.

Este funcionario tendrá la responsabilidad de verificar documentos, validar la legalidad de la operación y asegurar que los recursos se distribuyan de modo equitativo, sin concentración en ciertos prestadores ni vulneración al orden de prelación de pagos. Hasta que el contralor no apruebe la operación, los fondos no serán desembolsados.

El alcance de la supervisión también se modificó. Ya no solo abarca los pagos tradicionales por evento, sino que se extiende a esquemas de capitación y paquetes de monto fijo. Ante ello, la EPS queda obligada a presentar expedientes contractuales y evidencia de cumplimiento de metas antes de que cualquier giro sea autorizado.

Según explicó la Superintendencia Nacional de Salud, el objetivo de la medida es frenar la destinación indebida o ineficiente de los recursos públicos y proteger la vida y la integridad de los afiliados.

El detonante de esta decisión fue el hallazgo de un “rezago estructural” en el procesamiento de cuentas médicas de la Nueva EPS, por un valor acumulado de $11,56 billones de pesos. Esta cifra representa más de 15 millones de facturas sin auditar ni conciliar, revelando graves deficiencias administrativas y de control financiero.

El organismo de control argumentó que, pese a que la Nueva EPS está intervenida desde abril de 2024, la situación no ha mejorado. Por el contrario, han aumentado los anticipos sin legalizar, se ha deteriorado la relación con la red prestadora a causa de la falta de pagos regulares y persisten quejas sobre la atención a los usuarios. Adicionalmente, el crecimiento sostenido en peticiones, tutelas y desacatos sugiere que la supervisión hasta ahora aplicada no fue suficiente.

“El propósito de la medida es proteger a los usuarios de Nueva EPS, manteniendo el pago regular a la red de prestadores y mejorando las condiciones de las carteras”, señaló Giovanny Rubiano García, superintendente nacional de Salud. El funcionario aclaró además que los pagos previstos para agosto seguirán cumpliéndose y que la revisión adicional no afectará la regularidad de los desembolsos ese mes.

Uno de los efectos inmediatos de la medida será la introducción de un control externo y presencial previo sobre cada pago. Para las clínicas y hospitales vinculados a la Nueva EPS, esta nueva etapa en el circuito financiero introduce incertidumbre, principalmente porque la sostenibilidad de estas instituciones depende de la regularidad y previsibilidad de los pagos.

El volumen de cuentas por procesar —millones de facturas mensuales— pone a prueba la capacidad del contralor y su equipo. Cualquier retraso en este proceso puede representar una ralentización de los flujos de caja para las IPS y profundizar su ya precaria situación financiera.

Además, se anticipó una reconfiguración de la relación contractual entre la EPS y su red de prestadores, ya que se exigirá un mayor rigor en la ejecución y verificación de los servicios prestados antes del giro de recursos.

El superintendente Rubiano insistió en que no habrá interrupciones en los pagos corrientes, pero los analistas señalan que, de no implementarse mecanismos ágiles y efectivos, la medida podría complicar aún más la sostenibilidad de la red hospitalaria y la atención a usuarios.

El exministro de Salud, Augusto Galán, calificó la decisión como “extraña y desesperada”. Cuestionó el sentido de adicionarle un nivel de vigilancia posterior a la intervención forzosa vigente desde hace más de un año.

Para Galán, lo que se observa es una crisis estructural en el sistema de salud, donde los prestadores enfrentan ahogo financiero y la Nueva EPS resulta incapaz de responder ni a su red, ni a los pacientes. Citó como reflejo el aumento permanente en quejas, tutelas e incidentes judiciales relacionados con la entidad.

Desde la academia, el profesor Luis Jorge Hernández, de la Universidad de los Andes, coincidió en que la decisión puede tener justificación técnica, pero advirtió sobre los riesgos de su aplicación, especialmente si deriva en interrupciones del servicio o demoras en la atención médica.

Hernández subrayó que el éxito de la intervención depende de la existencia de un plan de contingencia y una comunicación explícita hacia las IPS y la ciudadanía.

La Superintendencia de Salud dispuso un equipo especial que realizará vigilancia presencial y constante en la sede principal de Nueva EPS, con instrucciones directas al representante legal de la entidad para corregir las deficiencias técnicas, financieras y jurídicas que llevaron a esta situación.

El énfasis, según el ente de control, está puesto en mejorar el flujo de recursos hacia la red hospitalaria pública y los proveedores complementarios, para asegurar que la atención continúe en todos los niveles de complejidad.

Además, se estableció el seguimiento a los procesos de legalización de anticipos y conciliación de cuentas, al tiempo que se busca prevenir la interrupción de servicios a los usuarios. El monitoreo incluye la revisión detallada de las postulaciones de pago y la ejecución de un plan operativo para estabilizar las finanzas y la capacidad asistencial de la EPS.