Sneyder Pinilla volverá a declarar en la Corte Suprema por el escándalo de la Ungrd: de qué hablará

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó nuevamente al exsubdirector de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a rendir una nueva declaración frente al escándalo de corrupción en la entidad.

Según informó el alto tribunal, la citación se realizará el 13, 14 y 15 de agosto de 2025 a las 8:30 a.m., ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, que está a cargo de la investigación por la participación de seis excongresistas en el entramado mencionado.

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“De conformidad con lo dispuesto en auto de 1 de agosto de 2025, proferido por el magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Misael Fernando Rodríguez Castellanos, dentro de las diligencias adelantadas en contra del doctor Julián Peinado Ramírez y otros (...) me permito informarle que se ordenó escuchar en declaración al señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, los días 13, 14 y 15 de agosto de 2025, a partir de las 8:30 a.m.”, se lee en el documento.

El documento oficial, dirigido a Luis Gustavo Morena Rivera, abogado defensor de Pinilla, subraya la obligatoriedad de la comparecencia presencial en la sede judicial ubicada en el norte de Bogotá, con la instrucción de presentarse 20 minutos antes para evitar retrasos.

El proceso judicial se centra en la investigación contra el congresista Julián Peinado Ramírez y sus colegas Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Lilia Bittar y el exrepresentante Juan Diego Muñoz.

Todos ellos enfrentan señalamientos por supuestos beneficios obtenidos a través de contratos de la Ungrd, que habrían servido como mecanismo para influir en la emisión de conceptos positivos desde la Comisión de Crédito Público sobre solicitudes presentadas por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Por este caso, la Corte Suprema también citó a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y figura cercana al ex jefe de cartera Ricardo Bonilla.

De hecho, el lunes 4 de agosto rindió testimonio como testigo clave de los hechos mencionados anteriormente. Su testimonio, que se extendió durante más de ocho horas en dos jornadas, se centró en la presunta participación de congresistas en el direccionamiento de recursos públicos y la aprobación de créditos solicitados por la cartera.

La exasesora, cercana al exministro Bonilla, compareció primero ante la magistrada Cristina Lombana para abordar el caso del senador Julio Elías Chagüi, y luego ante el magistrado Misael Rodríguez, quien lidera la investigación contra cinco legisladores y un excongresista de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

El abogado defensor de Benavides, Jaime Andrés López, confirmó a la prensa que su clienta continuará colaborando con la justicia y subrayó la importancia de las garantías procesales:

“Ella está dando y entregando toda la información que tiene. Yo soy respetuoso, todos somos respetuosos del proceso, de las garantías procesales de todos los sujetos procesales (…) por supuesto, como defensor de María Alejandra, estoy acá para decirles que se han cometido injusticias en contra de ella y ella está reconociendo lo que tiene que reconocer ante la justicia”.

Del mismo modo, destacó que la seguridad de Benavides y su familia es prioritaria, debido a antecedentes de amenazas que ya han sido reportadas y que han motivado la activación de un esquema de protección por parte de la Fiscalía.

El alcance de la colaboración de Benavides se produce bajo el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía General de la Nación, lo que le otorga inmunidad penal a cambio de aportar información relevante sobre la red de corrupción. Como parte de este acuerdo, se comprometió a declarar en contra de al menos 39 personas.

Su testimonio ha sido calificado por los investigadores como una pieza central para determinar el grado de implicación de los congresistas y funcionarios del Ejecutivo en la aprobación de créditos y la posterior adjudicación de contratos a contratistas vinculados a sectores políticos específicos.