Maduro insistió en que Juan Manuel Santos planeó el fallido atentado en su contra de 2018 y vinculó al exconsejero de Seguridad Nacional de EE. UU., John Bolton

Nicolás Maduro reiteró la acusación de que el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue el autor intelectual y financiador del atentado fallido en su contra, ocurrido el 4 de agosto de 2018 durante un acto en Caracas.

Según el líder venezolano, dicho ataque se planeó desde la Casa de Nariño, bajo la conducción directa de Santos, con la colaboración del exconsejero estadounidense de Seguridad Nacional, John Bolton, y de dirigentes opositores como Julio Borges.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la ceremonia por el 88 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), llevada a cabo el lunes 4 de agosto, Maduro sostuvo que existen pruebas contundentes sobre la participación de Santos en la planificación y financiación del atentado que buscó asesinarlo en un acto protocolario hace siete años.

“Hoy se sabe con pruebas fehacientes, completamente fehacientes, capturados sus autores materiales e intelectuales, convictos y confesos, se sabe que este atentado se preparó desde la Casa de Nariño, en Bogotá, por parte del expresidente Juan Manuel Santos, lo ideó, lo condujo, lo monitoreó, lo financió”, afirmó ante los altos mandos de la GNB y decenas de efectivos.

El mandatario venezolano no solo señaló al exjefe de Estado colombiano, sino que mencionó específicamente a John Bolton, que se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante parte de la administración de Donald Trump.

Maduro reiteró que Bolton estuvo involucrado en la supuesta conspiración junto al ex presidente del Parlamento venezolano Julio Borges, que actualmente reside fuera de Venezuela.

“En estos siete años lo que hemos hecho es perseverar con valentía, con patriotismo y nuestro país ha salido adelante, como el ave fénix hemos resurgido de las cenizas, no pudieron con el terrorismo, no pudieron con llamados a invasión, no pudieron con la guerra económica, no pudieron ayer ni podrán jamás”, añadió Maduro en su intervención.

El 4 de agosto de 2018, la plaza Bolívar de Caracas servía de escenario para la conmemoración del aniversario número 81 de la GNB. El presidente Maduro, su esposa Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, lideraban la ceremonia cuando dos explosiones interrumpieron el evento.

De inmediato, el equipo de seguridad evacuó al mandatario y los presentes. En las imágenes transmitidas en vivo se observó el desconcierto de los militares en formación y los esfuerzos rápidos de los escoltas de Maduro.

El régimen venezolano atribuyó de inmediato las explosiones a un intento de magnicidio perpetrado con drones cargados de explosivos. La Fiscalía General de ese país informó poco después sobre la detención en flagrancia de dos personas que supuestamente operaban uno de los drones utilizados en el ataque. El mismo día se anunció la apertura de investigaciones y la búsqueda de posibles responsables tanto dentro como fuera del país.

Entre los primeros arrestados se encontró el exdiputado opositor Juan Requesens, que habría facilitado la entrada de uno de los participantes materiales al país siguiendo instrucciones de la oposición, según la versión oficial. Requesens estuvo privado de libertad cinco años, completando una parte de esa condena bajo arresto domiciliario hasta su liberación en 2023.

Otro de los capturados por su presunta vinculación fue el exconcejal Fernando Albán. Fue arrestado el 5 de octubre de 2018 al llegar a Caracas tras un viaje internacional. Albán falleció tres días después mientras se hallaba bajo custodia en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

La Fiscalía aseguró que Albán se precipitó desde un décimo piso, lo que calificó como suicidio. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, familiares y activistas denunciaron que se trató de un asesinato, exigiendo una investigación independiente.

En diciembre de 2021, el fiscal general Tarek William Saab anunció que dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco y diez años de cárcel por homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada en relación a la muerte de Albán.

Recientemente, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que dichos funcionarios fueron puestos en libertad, hecho que generó reclamos de impunidad desde distintos sectores internacionales y locales.

Desde los sucesos de 2018, el régimen de Maduro ha sostenido la versión de un complot internacional para acabar con la vida del líder venezolano, en el que responsabiliza a gobiernos extranjeros, particularmente Colombia y Estados Unidos, así como a sectores políticos opositores.

Las acusaciones han sido recurrentemente rechazadas por los directamente señalados, que han calificado las denuncias como parte de una estrategia para justificar la represión interna y desviar la atención de los problemas sociales y políticos de Venezuela.

El expresidente Juan Manuel Santos ha negado de manera categórica cualquier participación en un complot de magnicidio, señalando que no existen pruebas reales que vinculen a su Gobierno o a él personalmente con tales hechos. John Bolton, por su parte, tampoco ha reconocido alguna implicación y ha referido las reiteradas acusaciones en su contra como infundadas.

Por su parte, organismos internacionales y diversas ONG han cuestionado tanto la investigación del atentado como el trato recibido por los detenidos, señalando prácticas sistemáticas de violaciones a derechos humanos y uso de procedimientos judiciales para intimidar a la oposición.