Una “falsa percepción de seguridad” fue vendida a la población del Cesar para consolidar la imagen del entonces coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez como el mejor oficial del Ejército Nacional.
Así lo afirmó el fiscal Samuel Serrano, delegado de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), durante la audiencia de alegatos de conclusión realizada en Valledupar.
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Serrano sostuvo que Mejía, quien dirigió el Batallón de Artillería N.º 2 La Popa, creó y lideró un “aparato organizado de poder ilegal” que usó la estructura, logística y recursos institucionales para cometer al menos 72 homicidios, 40 desapariciones forzadas y cuatro casos de tortura.
Según la Fiscalía, la prioridad del batallón dejó de ser la seguridad de la población y se centró en inflar resultados operacionales, presentando víctimas como bajas en combate para consolidar la reputación de la unidad militar.
“Se trató de una colaboración criminal: mientras los paramilitares expandían su control territorial, el batallón mostraba resultados para simular una recuperación de la seguridad”, dijo el fiscal, al explicar la alianza con el Frente Mártires del Cesar, grupo paramilitar que suministraba víctimas al Ejército para que estas fueran reportadas como insurgentes muertos en combate.
La Fiscalía solicitó una pena de hasta 20 años de prisión ordinaria para el general retirado, quien se negó a reconocer responsabilidad en los crímenes. Serrano recalcó que la acusación no está dirigida contra la institución militar ni contra los 2.000 integrantes del batallón.
“El juicio nunca fue contra el Ejército Nacional, ni siquiera contra el batallón o sus 2.000 integrantes. No se puso en tela de juicio la legitimidad de las instituciones del Estado”, afirmó el fiscal.
El funcionario explicó que la responsabilidad de Mejía se configura como “autoría mediata”: él no ejecutaba directamente los homicidios, pero sí tenía el mando y el control de una estructura que actuaba al margen del derecho.
“De ninguna manera puede confundirse el actuar de una institución con la conducta de quienes mancillaron su buen nombre”, enfatizó.
De acuerdo con la investigación, la alianza con el Frente Mártires del Cesar no solo aseguraba el control territorial de los paramilitares, sino que también le permitía al Batallón La Popa mostrar supuestos avances en la seguridad de la región, pese a que, en palabras de Serrano, era “una unidad militar con más derrotas que éxitos”.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP deberá decidir si impone la pena solicitada, en un proceso que marca un precedente en la delimitación de responsabilidades individuales por graves violaciones de derechos humanos cometidas desde estructuras estatales.
En contraste con la postura de Mejía, los 12 exintegrantes del batallón La Popa que comparecieron en el mismo tribunal los días 24 y 25 de julio reconocieron su participación en al menos 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005.
Entre ellos figuran Carlos Andrés Lora Cabrales, Ever Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Yeros Andrés Gómez Coronel, Álex José Mercado Sierra, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Elkin Rojas y Guillermo Gutiérrez Riveros.
La aceptación de responsabilidad por parte de estos militares contrasta con la negativa de Mejía, lo que ha llevado a que su caso avance hacia una fase adversarial, más cercana a un juicio penal tradicional.
El fiscal Serrano acusó al coronel Mejía de homicidio de persona protegida, desaparición forzada y tortura de persona protegida durante el periodo en que comandó el Batallón La Popa, entre enero de 2002 y enero de 2004.
La UIA sostiene que, bajo su mando, se perpetraron al menos 72 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos ilegales en los departamentos de Cesar y La Guajira.
La gravedad y sistematicidad de estos hechos han llevado a la JEP a priorizar la actuación de esta unidad militar dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
El proceso judicial contra Mejía se distingue también por la actitud de su exsubalterno, el teniente coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, quien sí reconoció su responsabilidad y firmó un acta de verdad y reconocimiento.
Esta diferencia ha determinado que el caso de Mejía se someta a un escrutinio más riguroso, en el que el tribunal debe valorar las pruebas presentadas por la acusación, la defensa y los representantes de las víctimas.
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