La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía General de la Nación copias para que inicie investigaciones penales contra once exministros, exviceministros, asesores y exfuncionarios de alto nivel por su supuesta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Esta decisión tiene como fin determinar la posible responsabilidad de altos cargos del Ejecutivo en la asignación irregular de millonarios contratos y sobornos ligados a la Comisión de Crédito Público del Congreso.
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Entre los investigados destaca el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de acuerdo a la información que conoció y publicó Semana.
Según declaraciones de la exasesora de la cartera, María Alejandra Benavides, “le pedía que se contactara con los congresistas de dicha Comisión para que le aprobaran los empréstitos”.
De hecho, Bonilla enfrenta además un proceso de imputación por corrupción en el mismo caso. La lista se extiende al exviceministro de Hacienda, Diego Guevara, relacionado por chats con Benavides que, de acuerdo con las evidencias citadas por el medio mencionado daban detalles sobre el manejo de los favores en el trámite de créditos estatales.
Uno de los chats que conoció la revista reza: “tengo una idea de cómo manejar lo de esta tarde con la interparlamentaria. Se me ocurre que cojamos a los tigres de 4 a 4:20, que son Liliana [Bitar], Wadith [Manzur] y [Julián] Peinado, y que les digamos que son a los únicos a los que les ha salido [...]. A las 4:30, que llegue el resto de los miembros, o sea los dos de paz y Juan Diego Muñoz, y decirles lo mismo a ellos, y en esa segunda tanda también meter a [Juan Pablo] Gallo que acaba de llegar y no sabe muy bien cómo funciona”.
Los presuntos implicados
Según el informe, figuran también la exasesora principal Andrea Ramírez, señalada por su rol en el Ministerio de Hacienda, así como quien fue ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Este último, según el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, habría gestionado acuerdos con congresistas para influir en contratos públicos.
También el exministro de las Comunicaciones y aspirante presidencial, Mauricio Lizcano; la exministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez; y el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, están entre los altos funcionarios citados por “haber participado en el cónclave que se desarrolló a finales de 2023, desde el que salió la orden de los acuerdos a los que se llegaban y había que cumplir con un número importante de congresistas”, según López.
El entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, también es objeto de investigación. La Fiscalía lo acusa de ordenar millonarios sobornos para la gestión de las reformas del Ejecutivo y ya afronta cargos por cohecho y peculado. El exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha, actualmente está prófugo.
Otros nombres señalados por la Sala de Instrucción incluyen a Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia, acusado de manipulación de contratos; Kevin Fernando Henao Martínez, exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior; y Alba Nury Martínez Barrera, exasesora y secretaria privada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte exige así acelerar las decisiones pendientes y avanzar en la judicialización de quienes resulten responsables por el desfalco en la Ungrd.
Jueza negó principio de oportunidad para Olmedo López en caso Ungrd
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y figura central en el escándalo de corrupción que involucra a la entidad, no logró obtener el beneficio judicial solicitado por la Fiscalía.
La jueza de Control de Garantías, Lilian Juliana Suárez, negó el principio de oportunidad propuesto por el ente acusador, al considerar insuficiente el respaldo argumentativo presentado sobre los aportes de López a las investigaciones.
Durante la audiencia realizada el 4 de agosto de 2025, la defensa del exdirector detalló la colaboración ofrecida por López en el esclarecimiento del entramado de corrupción. Sin embargo, la jueza encontró que la Fiscalía no explicó con la debida profundidad cómo la información suministrada justificaba suspender o renunciar a la acción penal por delitos como interés indebido en la celebración de contratos y falsedad documental.
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