Mientras el expresidente Álvaro Uribe Vélez realiza gestiones para cumplir la orden de prisión domiciliaria, el penalista Jaime Granados, apoderado del exmandatario, sostiene que existen suficientes argumentos jurídicos para que su defendido conserve la libertad mientras avanzan los recursos legales.
Según informó El Tiempo, la acción de tutela presentada por la defensa busca que se suspenda la medida de detención domiciliaria decretada por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lo condenó a 12 años de cárcel por soborno a testigos y fraude procesal.
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El pago de la póliza de más de 5 millones de pesos se concretó como parte de los trámites administrativos para cumplir con el subrogado de la detención domiciliaria ordenada contra Álvaro Uribe Vélez. Esta garantía, exigida por la jueza Sandra Liliana Heredia, corresponde a cuatro salarios mínimos, equivalentes a 5.694.000 pesos colombianos, y es requisito para la ejecución de la medida de arresto en su domicilio, mientras avanzan los recursos legales.
El abono de dicha suma se realizó después de que la magistrada estableció la condena de doce años de arresto domiciliario por soborno a testigos y fraude procesal. Con este pago, la defensa del expresidente avanza en los procedimientos legales para dar cumplimiento a la decisión judicial, mientras se tramitan las apelaciones y otros recursos ante las autoridades competentes.
En palabras del magistrado, “por el momento ninguna irregularidad se advierte que sea del calado necesario para estimar una afectación relevante a los derechos fundamentales del prenombrado”, un señalamiento que refuerza su decisión de mantener la detención hasta analizar a fondo los elementos presentados por la defensa.
Rogeles también manifestó que “con las pruebas aportadas por la defensa de Uribe es apresurado determinar que la decisión de la juez Heredia es arbitraria, ya que será una vez se garantice el ejercicio de contradicción que pueda determinarse si ello es así, según describe el demandante”.
La defensa sostiene que la orden judicial transgrede derechos fundamentales, porque “la condena proferida en su contra no se encuentra en firme, acto que se desarrolló bajo graves vicios de motivación y en claro desconocimiento de su presunción de inocencia, tornando su detención en arbitraria y contraria a la dignidad humana”, argumentó Granados.
De acuerdo con los plazos procesales, la apelación al fallo podrá sustentarse hasta el 13 de agosto ante el mismo tribunal, mientras la casación eventualmente podría llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, el abogado Granados subrayó: “El expresidente siempre ha acatado las decisiones de la justicia, así no las comparta. Estamos haciendo uso de los mecanismos que nos otorga la ley”.
Desde el ámbito político, Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, también radicó una acción similar con el argumento de que se han vulnerado los derechos fundamentales del exmandatario.
Al cierre de la jornada, permanecían pendientes los trámites en el centro judicial y el Inpec confirmó que todavía no había recibido la boleta para ejecutar la detención domiciliaria. La llegada de la carpeta judicial a Antioquia podría demorar aproximadamente tres días hábiles, tras lo cual se podrá proceder con la detención ordenada por la justicia.
Así le tumbaron la tutela a la defensa de Uribe
“No cumple los estándares de urgencia, necesidad, (e) impostergabilidad”, con esta frase, el juez Leonel Rogeles del Tribunal Superior de Bogotá cerró la puerta a la solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe para suspender su arresto domiciliario, una decisión que, según el propio tribunal, no admite recurso.
El fallo, emitido este lunes, representa un nuevo revés judicial para el exmandatario, quien enfrenta una condena de doce años de arresto domiciliario por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal.
La defensa, encabezada por el abogado Jaime Enrique Granados, había solicitado la libertad inmediata de Uribe mientras se resolvía el recurso contra la sentencia, argumentando una “grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad” de su cliente. El tribunal, sin embargo, consideró que la petición carecía de fundamento suficiente para ser admitida.
La decisión del juez Rogeles ratifica la sentencia dictada el viernes anterior, 1 de agosto, por la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien impuso a Uribe, además de la pena de arresto domiciliario, una inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de ocho años y una multa superior a 3.444 millones de pesos (aproximadamente 720.700 euros).
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