Abogado colombiano denunció abandono estatal a más de 21.700 deportados: “Colombia le da la espalda a su capital humano”

El abogado colombiano John Sánchez, especialista en migración y derechos humanos, emitió el 4 de agosto un comunicado público en el que denunció con firmeza la ausencia de garantías mínimas para miles de connacionales deportados durante los primeros meses de 2025. Las cifras oficiales, según lo expuesto por el jurista, revelan que entre enero y abril fueron retornadas 21.705 personas desde diferentes países, en su mayoría desde Estados Unidos, sin que el Estado colombiano haya ofrecido mecanismos reales de protección o reintegración.

El experto expresó su preocupación por la forma en que las autoridades nacionales respondieron a este fenómeno creciente. En su misiva, señaló “muchos colombianos están siendo deportados sin acceso a defensa legal, sin información clara sobre sus derechos, y en condiciones incógnitas. En Colombia, al llegar, no existe un protocolo de atención, ni seguimiento, mientras que las violaciones de derechos humanos cometidas durante su proceso de deportación quedan en la duda ética y jurídica del Estado”.

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La falta de una política de retorno estructurada no solo dejó expuestas a estas personas, sino que perpetúa ciclos de exclusión y empobrecimiento. Sánchez destacó que la mayoría de los deportados pertenecen a sectores vulnerables, en particular jóvenes, trabajadores informales, madres cabeza de hogar y solicitantes de asilo. No cuentan con respaldo institucional al pisar nuevamente suelo colombiano, la omisión estatal, según el abogado, trasciende lo administrativo y configura una forma de abandono.

Durante su comunicado, Sánchez también hizo referencia al impacto psicológico y social que enfrentan los deportados, resaltando que el Estado colombiano ha sido omiso en considerar estas dimensiones. “Hoy Colombia le da la espalda a su capital humano, está excluyendo talento por falta de oportunidades, y además desprotege a quienes regresan deportados. El Gobierno debe asumir con urgencia su deber ético y jurídico, que no es otro que garantizar los derechos de quienes por azar, necesidad o persecución han debido salir del país”, agregó.

El abogado destacó que esta problemática no es nueva, pero su escala actual resulta preocupante, debido a que, solo en abril de 2025, según datos entregados por Migración Colombia, el país recibió 2.189 deportados, la cifra mensual más alta registrada en los últimos cinco años.

Aunque parte de las cifras fueron documentadas por organismos internacionales, no se vislumbran acuerdos de cooperación eficaces que permitan crear un sistema articulado de retorno digno. Sánchez lamentó la indiferencia estatal frente a las recomendaciones técnicas y éticas emitidas por organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), y reiteró que la crisis migratoria no puede seguir siendo tratada como un asunto exclusivamente externo.

En su pronunciamiento, dirigido a la opinión pública, el abogado exhortó al Gobierno nacional a impulsar una política transversal de retorno con enfoque diferencial, enfoque étnico y perspectiva de derechos. Reclamó, además, la creación de un fondo de emergencia para la atención inmediata de deportados, y la implementación de programas de reintegración efectiva que garanticen oportunidades reales para reinsertarse socialmente.

Un total de 41 ciudadanos colombianos fueron deportados a Medellín por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, como parte de las acciones contempladas en el memorándum de entendimiento migratorio entre ese país y Estados Unidos.

Del grupo, 37 personas fueron deportadas por causas administrativas, es decir, por estadía irregular u otras infracciones migratorias menores; los otros cuatro fueron expulsados por antecedentes penales. Este tipo de vuelos de retorno forma parte de los acuerdos bilaterales entre los países en mención que buscan reforzar el control migratorio en la región y facilitar la repatriación de ciudadanos con procesos pendientes o sanciones migratorias en su contra.

Al igual que este grupo de personas que fueron retornadas a su país en la primera semana de agosto, lo cierto es que este tipo de deportaciones se repiten con frecuencia desde principios de 2025, como resultado de la política migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump, cuyo objetivo es reducir drásticamente la presencia de migrantes en territorio estadounidense.

Esta medida recibió tanto respaldo como rechazo, y es duramente cuestionada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, lo que provocó tensiones en las relaciones entre ambas naciones.