La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y representantes de los mineros en Boyacá fue levantada sin llegar a acuerdos concretos, lo que dio paso a la continuidad del paro indefinido convocado desde el 4 de agosto por diversas asociaciones de pequeños mineros del departamento.
Las demandas de este gremio incluyen una decena de puntos críticos, entre los cuales se destacan temas impositivos, apertura de exportaciones, uso de termoeléctricas y procesos de formalización minera.
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En entrevista con Noticias Caracol, William Cruz, uno de los líderes mineros y vocero del paro, confirmó que “la mesa se levantó porque no se llegó a ningún acuerdo en nueve de los diez puntos tratados; el único avance fue el rechazo al IVA sobre el carbón, pero el resto de nuestras demandas no tuvo respuesta esperanzadora por parte del Gobierno”.
Entre los puntos más sensibles que los mineros pusieron sobre la mesa están el aumento de la retención del 2,5% al 4,5%, el impuesto al Catatumbo (1% sobre la factura) y el impuesto al carbono.
Aunque este último recae sobre los consumidores finales, los mineros afirman que la cadena productiva también se ve impactada. Además, exigen que entre un 30% y un 50% de la energía nacional se genere con plantas termoeléctricas de la región, sin que se antepongan razones climáticas.
Otra demanda central es la apertura de exportaciones de carbón, ante la reducción del consumo interno. “Tenemos el carbón represado, no hay mercado, y eso nos está llevando a la quiebra total”, señaló Cruz. A esto se suman peticiones relacionadas con agilización de trámites, papelería minera y mayor claridad en los contratos con la Agencia Nacional de Minería y las corporaciones regionales.
El diálogo fue liderado por delegados del Gobierno, incluidos ministros, el gobernador de Boyacá y alcaldes de la región. Sin embargo, el descontento fue generalizado al considerar que no hubo compromisos concretos ni plazos de acción.
Cruz advirtió que las propuestas gubernamentales de instalar mesas de concertación a mediano plazo no son aceptables, debido a la desconfianza generada por procesos anteriores como el del paro campesino, donde “se sintieron tomados del pelo”.
El gobernador de Boyacá solicitó permitir pasos intermitentes en las vías bloqueadas, pero los voceros del paro evalúan mantener el cierre total como medida de presión. “Aún no lo hemos definido, pero no vemos viable la apertura parcial. Nos reuniremos para comunicarle a la gente la decisión”, agregó Cruz.
Por el momento, los puntos de concentración más críticos son la doble calzada Paipa-Tunja, a la altura de la glorieta del cementerio, y el puente Armando Solano por la calle 25. Allí se desarrollan movilizaciones pacíficas y plantones organizados por asociaciones como Asmiancotepaz (Mineros Ancestrales y Tradicionales Coscuez Territorio de Paz).
En un comunicado, los organizadores reiteraron su compromiso con la protesta pacífica. “Vamos a dar ejemplo de respeto y no vamos a vandalizar ni destruir nada. Todos los ojos están sobre Paipa y por eso llamamos a los mineros de otros municipios a unirse a esta movilización desde aquí”. Además, anunciaron que extenderán el paro a otros puntos estratégicos de Boyacá y Cundinamarca.
La protesta ya generó consecuencias significativas: el tradicional acto de conmemoración de la Batalla del Puente de Boyacá, programado para el 7 de agosto, fue cancelado en su sitio histórico debido a la situación de orden público. La ceremonia será trasladada a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, donde asistirá el presidente Gustavo Petro.
Por su parte, Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, señaló que su organización actúa como mediadora, pero no promueve las vías de hecho. Hizo un llamado a retomar el diálogo institucional para evitar mayores impactos en la movilidad, la economía regional y la estabilidad del sector carbonífero en el país.
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