Por fallas en la compra y operación de drones por parte de las Fuerzas Militares de Colombia habría millonaria pérdida de recursos, aseguró la Contraloría

La Contraloría General de la República advirtió posibles pérdidas millonarias para el Estado colombiano tras identificar deficiencias en la adquisición y administración de drones destinados a reforzar la seguridad en regiones afectadas por el conflicto armado y la presencia de cultivos ilícitos.

Según los resultados de una auditoría, cerca de 38.868 millones de pesos fueron comprometidos a través de un convenio firmado en 2021, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque, con el propósito de dotar a las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención de equipos para labores de observación, vigilancia y monitoreo aéreo y espacial.

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El acuerdo, identificado como Convenio 483 de 2021, involucró al Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (Ciac).

“La adquisición de estos drones se hizo en virtud del Convenio 483 de 2021 realizado por esta entidad y cuyo objeto era fortalecer la observación, vigilancia y el reconocimiento aéreo y espacial sobre las aéreas de implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEII), situación que no ocurrió”, se lee en un comunicado emitido por el ente de control.

Sin embargo, la Contraloría señala que los equipos adquiridos no fueron utilizados para los fines estipulados, mientras que los procesos de supervisión y control presentaron múltiples deficiencias.

Uno de los puntos más críticos del informe está relacionado con un hallazgo fiscal que supera los 8.954 millones de pesos, monto correspondiente a la pérdida de dos drones que resultaron siniestrados.

Pese a lo ocurrido, la Contraloría sostiene que no se encontró claridad en las explicaciones del proveedor ni respaldo contractual que garantizara la reposición o reparación de los equipos.

El organismo de control también cuestionó la falta de garantías exigidas a la Ciac para la correcta administración de los recursos.

En el informe se detalla que el Dapre no solicitó pólizas para respaldar el manejo de los fondos entregados a la Corporación, mientras que la FAC, por su parte, no aseguró los drones que recibió como parte del inventario operacional.

A pesar de los incidentes reportados y de la inoperancia de los equipos, las autoridades involucradas mantuvieron vigente el convenio mediante figuras contractuales de suspensión y prórroga, lo que, de acuerdo con la Contraloría, permitió prolongar incumplimientos y mantener activos compromisos sin resultados concretos desde 2021.

Tras el accidente de los dos drones, se procedió a ordenar la compra de otros dos equipos adicionales, los cuales, a la fecha de cierre de la auditoría, no habían sido entregados por el proveedor, situación que aumenta la incertidumbre sobre la materialización de los objetivos del proyecto.

La Contraloría concluyó que la ausencia de controles adecuados, sumada a fallas técnicas y administrativas, representa un riesgo latente de pérdida de los recursos públicos invertidos sin que se haya cumplido con la necesidad para la cual se suscribió la contratación.

En ese sentido, la entidad de control resaltó que se comprometieron más de 38.000 millones de pesos sin que existan resultados tangibles que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad y la presencia institucional en las zonas priorizadas.

“En cumplimiento del Convenio 483 de 2021 se destinaron$38.868 millones para adquirir drones, pero se evidenció falta de supervisión e inobservancia de los fines de la contratación estatal, al haber utilizado la figura de suspensión y prórroga contractuales convirtiéndose en un mecanismo para amparar incumplimientos de las partes desde el año 2021″, añadió la Contraloría.

El caso expone, una vez más, los desafíos persistentes en la ejecución de programas destinados a la consolidación de la paz y el desarrollo territorial, y pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y seguimiento de los recursos públicos, especialmente en iniciativas que involucran tecnología y seguridad nacional.