Por los vastos llanos de Vichada y Casanare, donde el verde parece inabarcable y los ríos se enredan entre la vegetación, un negocio criminal genera consecuencias irreparables para la fauna silvestre colombiana.
Allí, la caza ilegal de especies protegidas se ha convertido en una tragedia silenciosa avalada por la presencia armada de las disidencias de las Farc, quienes han tomado el control de estas actividades para sostener sus operaciones violentas.
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Según reveló Semana, la estructura de este negocio opera meticulosamente y fuera del radar de las autoridades, exportando animales como felinos y aves hacia Asia, África y otros destinos donde el comercio ilegal otorga altos márgenes de ganancia.
El medio mencionado confirmó a través de fuentes de inteligencia estatal que “las disidencias de las Farc tienen el control de estas actividades porque son muy lucrativas y ellos lo que quieren es poder tener buenas ganancias. En ese orden de ideas, lo que hacen es saber el paso a paso de los cazadores ilegales con el fin de tener un inventario... De la comercialización les tiene que quedar su porcentaje, que es bastante alto”.
Los llanos orientales, que comprenden cerca de 17 millones de hectáreas, albergan una rica diversidad, desde pumas y jaguares hasta aves de colores intensos y primates.
Estas especies, reducidas a mercancía, son cazadas para alimentar un mercado clandestino que demanda pieles usadas en productos exclusivos como “zapatos, correas, bolsos, entre otros elementos, vendidos a precios muy elevados desde la clandestinidad, incluyendo Colombia”, relataron las fuentes consultadas.
El método involucra la captura de las hembras para quedarse con las crías, consideradas más valiosas en el mercado negro. “Lo que hacen es matar a la hembra... para quedarse con sus crías, las más apetecidas por los ilegales”, describen los testigos.
El tráfico de fauna figura entre los negocios ilícitos con mayores ingresos a nivel global y, aunque las autoridades reconocen la gravedad del daño, la conciencia pública y la respuesta judicial son insuficientes.
Los cazadores colocan trampas, utilizan caballos y perros, y aprovechan el conocimiento del terreno para eludir rondas de vigilancia, mientras que las especies atrapadas suelen terminar en colecciones privadas o como mascotas en el extranjero.
Además, “muchos monos parecen tiernos cuando son pequeños, pero al crecer retoman su comportamiento natural, lo que los vuelve conflictivos en hogares humanos”, según relataron. Un solo cachorro de tigrillo o jaguar puede alcanzar un precio de 20.000 dólares (alrededor de 100 millones de pesos colombianos) en el mercado negro.
El traslado de estos animales suele hacerse por rutas no vigiladas, tanto fluviales como terrestres, ante la escasez de personal ambiental: en Casanare, por ejemplo, solo se tiene ocho policías ambientales para todo el departamento.
El tráfico a menudo recibe apoyo de funcionarios corruptos, lo que permite que las rutas salgan “ya sea por vía terrestre, aérea o incluso fluvial”. Aunque existen investigaciones en marcha, estas suelen quedar truncas, pues, según testimonios recopilados por Semana, “no son fuertes, y eso nunca llega a ninguna operación en sí”.
Esta red no solo alimenta la demanda de objetos de lujo hechos con partes de animales, sino que también satisface el capricho de tener especies exóticas como mascotas en lugares tan lejanos como Dubái o Catar.
“Trafican guacamayas, Ara ararauna o Ara macao, jaguares, ocelotes y pumas. Cruzan océanos para volverse mascotas... Esos animales salen ilegales de Colombia, pero allá, con influencias y entregando hasta dinero, les dan una apariencia de legalidad”, advierten.
Incluso algunas aves han llegado a Estados Unidos, donde el proceso se regulariza tras su ingreso ilegal.
El daño a nivel local se percibe en los centros de rehabilitación animal. Joan Camacho, zootecnista de Corporinoquia, advierte que muchos ejemplares llegan gravemente heridos o traumatizados por el proceso de captura y transporte, en dialogos con el medio mencionado.
“En todo este tiempo he visto llegar pumas heridos, tigrillos huérfanos, loros mutilados y monos con traumas irreversibles por la caza ilegal”, relata Camacho.
El hogar de paso de la corporación alberga siete tigrillos, cuatro pumas, distintos zorros y decenas de aves, todos víctimas de una red criminal de alcance internacional.
El objetivo, según Camacho, es reinsertar a los animales rescatados en su hábitat. No obstante, algunos quedan tan afectados que jamás podrán readaptarse y solo les queda permanecer bajo supervisión especializada. “Todo este proceso no es tan fácil porque hay animales que nunca más se vuelven a adaptar a sus hábitats y quedan afectados de por vida. Su única opción es vivir bajo monitoreo permanente”, explica.
Aunque la legislación colombiana permite sancionar con hasta nueve años de cárcel y multas superiores a 45 salarios mínimos legales mensuales vigentes el tráfico y maltrato de fauna, la aplicación de estas normas es débil frente a redes que operan con recursos y sofisticación similares a las del narcotráfico o la minería ilegal.
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