La deuda judicial del Ministerio de Defensa alcanzó una magnitud que compromete la estabilidad financiera de la entidad y la credibilidad del Estado colombiano. Según información obtenida por Semana, existen 15.915 cuentas de cobro pendientes que suman más de $6 billones por concepto de sentencias y conciliaciones judiciales.
Estas obligaciones, que crecen diariamente debido a intereses corrientes y moratorios, derivan de fallos que buscan reparar a uniformados heridos en servicio, familias de fallecidos y víctimas de irregularidades cometidas por agentes de la fuerza pública, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales reconocidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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El impacto humano de esta crisis se refleja en testimonios como el de Abdón Vargas Chavarro, soldado retirado que perdió una pierna tras recibir un disparo accidental en 2015. Aunque un juez ordenó su indemnización, el Ministerio no ha cumplido con el mandato de la justicia colombiana.
“Me amputaron la pierna por el accidente. Yo recibo un salario mínimo, pero necesito el dinero que se le ordenó al Gobierno para seguir sosteniendo a mi familia. Me ha tocado vender cosas en el TransMilenio, trabajar en el campo con la prótesis averiada. Nadie entiende mis problemas”, explicó el exuniformado.
Casos similares se repiten en todo el país, como el de Fredy Mayor, que perdió un ojo al caer en un campo minado en el departamento del Cauca hace una década y aún espera recursos para costear su tratamiento médico. La dimensión del problema se agrava por la acumulación de obligaciones no saldadas durante al menos los últimos siete años. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, 60.000 personas esperan el pago de indemnizaciones.
El abogado Javier Villegas detalló al medio citado que solo en su despacho, 500 familiares de víctimas de falsos positivos siguen aguardando el cumplimiento de sentencias que superan cientos de millones de pesos.
“El Estado, hasta la fecha, no se ha dignado a cumplir con las sentencias judiciales, lo que de por sí es una revictimización grave de las víctimas, ya que se está vulnerando el derecho a una reparación integral y a garantías de no repetición”, afirmó Villegas, que ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el reiterado incumplimiento.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, respondió a las críticas de soldados retirados, víctimas de falsos positivos y organizaciones de oficiales pensionados, quienes responsabilizan al Gobierno de las demoras y obstáculos en el pago de las indemnizaciones. Sánchez explicó que el ministerio ha realizado pagos conforme a los recursos asignados en cada vigencia fiscal, pero reconoció que la capacidad de pago es limitada.
Actualmente, la entidad dispone de $226.000 millones para cubrir apenas el 0,3 % de la deuda total. “El pasivo de la entidad corresponde a obligaciones no pagadas en vigencias anteriores. Esto es, obligaciones litigiosas, cuyas cuentas de cobro fueron presentadas desde 2019, lo que implica que se tiene una mora acumulada superior a cinco años”, detalló el ministro a Semana. Además, precisó que el monto requerido para saldar la deuda actual en sentencias y conciliaciones, a cargo del Ministerio de Hacienda, asciende a $6.601.965.109.234.
La explicación oficial insistió en que la “poca capacidad de pago que se tiene corresponde a la gran limitación presupuestal del Gobierno nacional”. Esta restricción generó un círculo vicioso: los intereses incrementan el valor de las sentencias, como en el caso de un fallo que pasó de $80 millones a $110 millones, lo que profundiza el déficit y dificulta aún más el cumplimiento de las obligaciones.
La Contraloría General de la República puso la lupa sobre este tema, por el riesgo de un deterioro patrimonial para el Estado y la proliferación de prácticas irregulares. El abogado Elber Delgado advirtió que la desesperación de las víctimas propició la venta de sentencias a empresas que lucran con la espera y la necesidad de los afectados. Esta situación, además de agravar la revictimización, expone al Ministerio de Defensa a un deterioro financiero progresivo y a una pérdida de confianza en la capacidad estatal para garantizar la reparación y la justicia.
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