Militares de la Brigada 23 del Ejército Nacional dieron un importante golpe contra grupos armados al margen de la ley que operan en el suroccidente del país.
De acuerdo con información oficial de la institución castrense, descubrieron un depósito ilegal con más de 600 cartuchos de munición y material explosivo de alta peligrosidad en zona rural de Samaniego, occidente de Nariño.
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Las autoridades detallaron que el hallazgo estaría relacionado con el grupo Comuneros del Sur, que en abril entregó 585 artefactos explosivos para su destrucción como parte del proceso de paz territorial y su separación del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La Tercera División del Ejército Nacional precisó en su comunicado: “Durante la operación militar, los soldados hallaron armamento, explosivos, municiones y proveedores, presuntamente perteneciente al grupo armado organizado residual Comuneros del Sur”.
Las autoridades señalaron que con este resultado se evita el uso de este material en atentados contra la población civil y la fuerza pública en una región en la que ese grupo mantuvo control durante años.
Este hallazgo refuerza las dudas sobre la entrega total del arsenal por parte de Comuneros del Sur en el desarrollo de los compromisos asumidos con el Gobierno nacional.
La organización, creada como estructura del ELN en 1992, anunció su desvinculación de esa guerrilla en marzo de 2024 y su participación en el proceso de paz territorial. De hecho, el jueves 31 de julio se presentó el programa de reintegración de dicho grupo armado.
A pesar de expresar voluntad de paz y reincorporación, las autoridades mantienen reservas ante la posibilidad de ocultamiento de parte de su inventario bélico.
Rogger Garzón, negociador de Comuneros del Sur, afirmó sobre el proceso, citado por El Tiempo: “Ya llevar siete sesiones, tener un programa de reintegración, estar avanzando a través de subcomisiones técnicas en el aspecto humanitario, todo esto afirma la consolidación y el avance de este proceso de paz territorial en Nariño”. Garzón señaló que el marco jurídico vigente plantea un modelo de arraigo y territorialización, sin hablar de sometimiento.
Por su parte, Omar Robinson Vallejo, también integrante de la delegación, resaltó el avance de los acuerdos con el gobierno y manifestó: “Para nosotros la reincorporación a la vida civil representa de una manera más libre hacer un trabajo en conjunto con las comunidades, ahora ya podemos compartir con nuestras familias y amigos de una manera muy tranquila”. Agregó que el grupo continuará trabajando con las comunidades hasta consolidar su integración.
El contexto de seguridad en Nariño sigue marcado por hechos violentos recientes y denuncias sobre la reconfiguración de estructuras armadas. El 7 de junio se registró una masacre en Magüí Payán, al sur del departamento, donde asesinaron a cuatro campesinos y dejaron heridos a tres más.
La Asociación de Juntas de la ribera del río Patía y el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano responsabilizaron a hombres armados que portaban brazaletes de Comuneros del Sur y que, tras el ataque, instalaron una bandera del grupo en el lugar.
Según el testimonio de un habitante: “Llegaron personas encapuchadas con brazaletes de Comuneros del Sur, fueron sacando a las personas de las casas a tiros, decían que si no bajaban los iban a matar ahí en las casas”.
Los testigos añadieron que, además de disparar contra los pobladores, los agresores cometieron hurtos en viviendas y almacenes, y antes de huir lanzaron una bomba al río cerca de la vereda La Tortuga.
Las autoridades mantienen presencia militar en la región, con el objetivo de prevenir el uso de depósitos ilegales de armas y contener la rearticulación de estructuras armadas en zonas de alto riesgo para la población.
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