Alerta Temprana en La Guajira: 600.000 personas en riesgo por escalada del conflicto armado entre grupos ilegales

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre un preocupante y creciente escenario de violencia en el departamento de La Guajira, tras emitir la Alerta Temprana 010 de 2025, que advierte sobre el riesgo extremo que enfrentan las comunidades de Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar debido a la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

La alerta se fundamenta en la intensificación de la confrontación armada entre estas estructuras ilegales, que buscan controlar corredores estratégicos como la Troncal del Caribe y áreas rurales y urbanas de alta relevancia geopolítica, económica y cultural.

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Según el informe, los actores armados están consolidando su presencia en zonas claves para el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y otras economías ilícitas, aprovechando la cercanía con la frontera venezolana y la salida al mar Caribe.

Confrontaciones armadas, homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados, confinamientos prolongados, así como reclutamiento forzado y explotación sexual de menores son parte del repertorio de violencia que azota a la población.

La Defensoría advierte que si no se actúa con rapidez, más comunidades podrían quedar aisladas o desplazadas, profundizando el drama humanitario que vive el departamento. Especialmente preocupante es la situación de los pueblos indígenas.

La alerta señala la vulnerabilidad del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, de gran valor espiritual y cultural, que podría verse afectado directamente por el accionar violento de estos grupos. Además, la amenaza se extiende a espacios comunitarios, escuelas, centros de salud y lugares sagrados, todos ellos bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

El alcance territorial del riesgo es extenso. En Riohacha, la amenaza se extiende a sus 10 comunas, 14 corregimientos, 66 consejos comunitarios y 15 resguardos indígenas. En Dibulla, afecta 6 corregimientos, 8 consejos comunitarios y 3 resguardos indígenas. Y en San Juan del Cesar, cubre el casco urbano, 10 corregimientos, 26 consejos comunitarios y 3 resguardos indígenas.

El EGC, a través del Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado, expandió su accionar en las zonas rurales de los tres municipios. Mientras tanto, las Acsn, por medio de su Frente Javier Cáceres, mantiene un control preponderante en Dibulla y zonas adyacentes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta doble presencia derivó en una lucha abierta por el dominio territorial, con estrategias orientadas a imponer un control militar, político y social sobre las comunidades.

Uno de los puntos más alarmantes del informe es la advertencia sobre la consolidación de lo que la Defensoría denomina “gobiernos de facto”. Los grupos armados imponen su autoridad mediante la violencia, además establecen normas de conducta, restringen la movilidad de las personas, imponen horarios, cobran extorsiones y utilizan amenazas para ejercer control social.

La alerta también identifica poblaciones en especial riesgo: niñas, niños, adolescentes y jóvenes, personas negras, afrocolombianas, indígenas y campesinas, así como personas Lgbti+, líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La Alerta Temprana 010 de 2025 incluye 31 recomendaciones agrupadas en siete ejes estratégicos, con el fin de mitigar la situación antes de que derive en una emergencia de mayores proporciones:

1. Coordinación de respuesta rápida: se solicita al Ministerio del Interior liderar, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), una acción urgente y efectiva de prevención, protección y acompañamiento a las autoridades locales.
2. Disuasión del contexto de amenaza: el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía Nacional deben reforzar su presencia y ejecutar operativos permanentes con enfoque de respeto a los derechos humanos, particularmente en zonas rurales.
3. Investigación y acceso a la justicia: la Fiscalía General y entidades judiciales deben fortalecer la investigación criminal, perseguir a los responsables de estos delitos y evitar la impunidad.
4. Prevención y protección de grupos vulnerables: se pide una acción coordinada entre la Gobernación de La Guajira y la Consejería de Derechos Humanos para proteger a las comunidades más expuestas, incluyendo medidas colectivas de seguridad.
5. Asistencia humanitaria: la Unidad de Víctimas debe activar planes de contingencia frente a desplazamientos masivos, con enfoque diferencial étnico y de género.
6. Política pública y mitigación de riesgos sociales: se propone implementar programas para prevenir la deserción escolar, combatir la desnutrición, garantizar acceso a educación y servicios básicos, y crear alternativas económicas para jóvenes.
7. Acompañamiento del Ministerio Público: la Procuraduría deberá verificar el cumplimiento de estas medidas y asegurar la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones.