Ecopetrol está en proceso de búsqueda de nuevas oficinas en Bogotá, en medio de una de las más reservadas y complejas operaciones inmobiliarias recientes de la ciudad.
La decisión obedece a la necesidad de reemplazar las instalaciones actuales, consideradas insuficientes y deterioradas, mientras la compañía mantiene activos sus planes de renovación urbana en el centro de la capital.
Según reportó El Tiempo, la empresa estatal y su consorcio asesor han aplicado estrictas cláusulas de discreción a todos los involucrados, enfatizando la naturaleza confidencial y la magnitud financiera de la operación, aun cuando la empresa enfrenta un período de dificultades internas.
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El origen de esta operación se remonta al Plan Parcial de Renovación Urbana ‘Centro empresarial Ecopetrol CEE’, radicado en la Secretaría de Planeación de Bogotá desde febrero de 2019, pero aun sin aprobación, que abarca una zona delimitada entre las carreras 7ª y 13, y las calles 36 y avenida Calle 39, con la excepción de dos manzanas de la urbanización Sagrado Corazón.
Este plan, de acuerdo con sus lineamientos, busca crear “una estructura urbana adecuada a las exigencias propias del sector y de las nuevas dinámicas internas de las entidades y nuevos desarrollos que allí se localicen”, según lo pudo determinar la investigación del medio mencionado.
Mientras el proceso formal avanza, un consorcio inmobiliario fue comisionado para explorar posibles oficinas en distintas zonas del norte y oriente de la ciudad para compra o arriendo, ante la insuficiencia y deterioro de las instalaciones actuales.
Fuentes de la empresa confirmaron a El Tiempo que parte del equipo encargado consideró oportuno sumar a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en una de las visitas a un desarrollo que incluye helipuerto, aunque el directivo finalmente no asistió.
La asesoría recayó en el consorcio VPM, conformado por Desarrolladora Mangle SAS, Vinsa Inversiones SAS, Suma Promotora Inmobiliaria y Pro 2 SAS, con un contrato de 724 millones de pesos durante cinco meses.
Aunque este acuerdo venció recientemente, el consorcio sigue evaluando opciones.
“La primera semana de julio llegaron algunas cartas de intención no vinculantes, a varios proyectos, para hacer un estudio de mercado”, señaló una fuente.
Entre las opciones analizadas destacan el desarrollo 7/100, situado en la esquina de la calle 100 con carrera Séptima, y el proyecto Atrio, en la intersección de Caracas y Calle 26, gestionado por el Patrimonio de Estrategia Inmobiliaria (PEI).
Otras áreas de interés comprenden edificaciones sobre la calle 90 con carrera 15 y la calle 85.
El cierre de negocio podría incluir una fórmula mixta de pago.
El Tiempo reveló que Ecopetrol contempla entregar el Edificio Colgas, actualmente vacío tras fallar pruebas sísmicas, como parte de pago por los nuevos espacios, en un modelo de trueque inmobiliario.
“Para obtener más metros de oficina, Ecopetrol necesita acelerar el Plan Parcial de Renovación, tumbar y construir en altura. Mientras eso pasa, pueden pasar años”, afirmó un directivo vinculado a la negociación.
En torno al edificio de Calle 100, las conversaciones han tenido particular atención, dadas las conexiones anteriores de directivos de filiales de Ecopetrol.
Respecto a inquietudes sobre posibles conflictos de interés, la compañía indicó que la Vicepresidencia de Abastecimiento y Servicios lidera la gestión y que su filial Hocol no participa.
Los desarrolladores consultados han preferido el silencio. El administrador del edificio 7/100, Aldea Proyectos SAS, optó por no comentar.
Sobre su situación actual, la Supersociedades informó que “en el marco del proceso de insolvencia, el trámite se encuentra en etapa de objeciones. Se está estableciendo el valor real de los inventarios”.
Por su parte, PEI Asset Management aclaró que “no podemos entregar información relacionada con las transacciones de los activos del portafolio hasta que estén cerradas. La información se comunica públicamente a través del mecanismo de información relevante una vez realizados los hechos”.
Por el lado del Consorcio VPM, el representante legal, Luis Fernando Castañeda, no respondió a las consultas realizadas por el medio mencionado
Mientras tanto, la industria inmobiliaria permanece a la expectativa de uno de los movimientos corporativos de mayor calibre en la capital, en un entorno marcado por la cautela, la confidencialidad y disputas por un contrato millonario que podría transformar parte del perfil urbano de Bogotá.
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