Un fuerte mensaje en contra de la criminalidad y los grupos armados fue emitido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que condenó la presencia de al menos seiscientas personas en una asonada en contra de las Fuerzas Militares en Jamundí, Valle del Cauca.
El mensaje fue publicado durante la noche del 31 de julio de 2025, luego de que se reportaran los hechos.
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A través de sus redes sociales escribió contundentemente que “no permitiremos que criminales utilicen al pueblo como escudo. Tampoco toleraremos que personas vestidas de civil ataquen a la fuerza pública e interrumpan la misión constitucional. Esto es un grave delito”.
También dijo: “Rechazamos y condenamos categóricamente los hechos ocurridos en Villa Colombia, Jamundí, Valle, donde más de 600 personas vestidas de civil, presuntamente constreñidas por el grupo armado criminal ‘Jaime Martínez’, asonaron contra nuestras tropas del Ejército intentaron arrebatarles sus armas e interrumpieron violentamente una Operación Militar que se está adelantando contra la estructura criminal Jaime Martínez de las disidencias de alias Mordisco, que delinque en la zona y es responsable de narcotráfico, secuestro, asesinato, extorsión y terrorismo en esa zona".
El jefe de la cartera de Defensa precisó que la acción militar en marcha tiene como fin “desmantelar y neutralizar todos los demás componentes de la cadena del narcotráfico que envenena a la sociedad y fortalece a los criminales”, e hizo énfasis en que la operación no está dirigida a los cultivos ilícitos, sino a la estructura criminal de las disidencias de alias Mordisco.
Advirtió, además, que el personal militar y policial “también tiene derechos humanos y el derecho a la legítima defensa”, citando el artículo 32 del Código Penal.
Incluso, afirmó que “nadie está obligado a soportar una agresión que ponga en riesgo su vida o su misión”, señaló el mensaje del ministro Sánchez.
La autoridad recordó que la legislación penal tipifica como delitos “agredir a un servidor público en ejercicio de sus funciones y obstaculizar su labor”, bajo las modalidades de violencia contra servidor público (art. 429) e impedimento de funciones públicas (art. 430), y resaltó: “Estos hechos tendrán consecuencias jurídicas.”
El Ministerio, con la voz de Sánchez, además aseguró que “la misión continúa, esto no nos doblega ni detiene a la Fuerza Pública para cumplir nuestra misión. Ajustamos la estrategia pero no cambiamos el objetivo”. También ofreció hasta 3.284 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de alias Marlon.
Finalmente, llamó la atención sobre la actitud de quienes interrumpen las acciones estatales: “¿Por qué estas personas vestidas de civil atacan a la Fuerza Pública y no hacen lo mismo con los criminales de la Jaime Martínez? ¿Por qué estas personas no permiten que llegue el Estado con la legalidad y oportunidades para mejorar las condiciones sociales y económicas de los habitantes de esta región?”
Así fue la asonada
En horas de la mañana del 31 de julio, más de 600 personas, supuestamente bajo presión del grupo armado, interceptaron y retuvieron a 150 soldados que patrullaban dos sectores rurales del municipio.
Los manifestantes los retuvieron por cerca de diez horas e intentaron despojarles de sus armas, según informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, a través de su cuenta oficial.
Finalizada la retención, sobre las ocho de la noche del jueves, los militares recuperaron su libertad. El ministro enfatizó que atacar a servidores públicos y entorpecer su desempeño constituye delito de acuerdo a los artículos 429 y 430 del Código Penal, por lo que “podrían tener consecuencias jurídicas”.
JEP advierte al Ministerio de Defensa por ausencias audiencias de justicia restaurativa
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un llamado de atención al Ministerio de Defensa por la ausencia de sus representantes en tres audiencias formales relacionadas con secuestros cometidos por las extintas Farc.
El tribunal resaltó que la presencia del Ministerio resulta esencial para conocer la situación real de seguridad en los territorios y para avanzar en los procesos de verdad, justicia y reparación.
Durante la audiencia pública del 31 de julio, el magistrado Camilo Suárez Aldana señaló: “La no comparecencia del ministro no solo interfiere con el mandato de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que envía un mensaje de desinterés institucional frente a la verdad y la reparación.” El tribunal recalcó que la inasistencia dificulta la reconstrucción del tejido social y debilita la percepción pública de compromiso por parte del Estado.
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