La jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, anunciará este viernes primero de agosto de 2025 la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Se trata de un fallo histórico, pues es la primera vez que un exmandatario colombiano enfrenta una condena penal.
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La Fiscalía General de la Nación solicitó que Uribe cumpla nueve años de prisión domiciliaria y pague una multa cercana a los 1.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, pidió que se le imponga una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema, Marlenne Orjuela, explicó que la pena solicitada se basa en los parámetros establecidos por la ley para estos delitos, que prevén sanciones entre seis y doce años de cárcel.
La funcionaria agregó que la Fiscalía optó por una condena de 108 meses —más de nueve años— al considerar las circunstancias agravantes y solicitó la aplicación del artículo 31 del Código Penal, que permite un aumento de la pena por la concurrencia de varios delitos.
Las posibles sanciones económicas
En cuanto a las sanciones económicas, Orjuela indicó que la multa por el delito de soborno en actuación penal debería ser de 1.025 salarios mínimos legales mensuales (equivalentes a $1.459.087.500), mientras que por fraude procesal corresponderían 600 salarios mínimos (equivalentes a $854.100.000), para un total de 1.625 salarios mínimos legales mensuales vigentes (equivalentes a $2.313.187.500).
El origen del caso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda presentó ante el Congreso testimonios de exparamilitares que señalaban a Uribe de promover grupos armados ilegales en Antioquia durante los años noventa.
Cinco años después, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal.
El proceso se centró en la presunta manipulación de testigos y el uso de recursos para influir en procesos judiciales, hechos que llevaron a imputarle los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Tras la lectura del fallo condenatorio, Cepeda afirmó que la decisión “representa la culminación de un proceso judicial de más de una década” y constituye un reconocimiento “a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes”.
Según dijo, el juicio dejó en evidencia un “tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez y compuesto por numerosos falsos testigos que intentaron engañar a la justicia luego de 13 años de un largo litigio en el que se ofrecieron toda clase de garantías procesales al expresidente”.
La audiencia de sentencia está programada para este viernes a las 2:00 p. m. en Bogotá. La jueza Heredia pidió a las partes mantener en reserva el documento de la condena hasta su lectura pública.
Reacciones y controversia internacional
El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, anticipó que apelará el fallo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por tres magistrados que revisarán la sentencia y los argumentos de la defensa.
Granados advirtió que el proceso tiene un límite: prescribe el 16 de octubre de 2025, por lo que la decisión de segunda instancia deberá conocerse antes de esa fecha para evitar la extinción de la acción penal.
El fallo ha generado reacciones encontradas. En ciudades como Cali se registraron marchas de apoyo al expresidente, mientras que en redes sociales se viralizaron mensajes celebrando el avance del proceso judicial.
El presidente Gustavo Petro salió al paso de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien criticó la decisión judicial.
Petro calificó esos pronunciamientos como “una intromisión en la soberanía nacional” y defendió la independencia del poder judicial colombiano.
La jueza Heredia, quien dictará la sentencia, podría ver reforzado su esquema de seguridad, según la Unidad Nacional de Protección.
Tanto la Fiscalía como el Ministerio Público han solicitado que la pena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
El fallo de primera instancia, que será apelado, marca un precedente histórico en el control judicial de los expresidentes.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, enfrentó un proceso que se extendió por más de una década y en el que, según Cepeda, “se honró la dignidad de las víctimas y de una sociedad que reclama verdad y justicia”.
La condena también se convierte en un símbolo de la capacidad del sistema judicial colombiano para procesar a figuras de alto poder político.
Como expresó el propio Cepeda al conocer la decisión: “No solamente honra nuestra dignidad, sino la de muchas víctimas en Colombia; esta es una sentencia dedicada a las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes o presentados ante los medios de comunicación como falsos positivos”.
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