“El sufrimiento provocado a Paula Andrea fue innecesario y excesivo, sin ninguna justificación, la manera como fue encontrada en la ducha de la residencia, semidesnuda, con la tina de su bebé encima revela el desprecio del procesado por la vida humana”.
Con estas palabras, el juez que dictó sentencia contra Carlos Eduardo Padilla resumió la brutalidad del crimen que conmocionó a Bogotá y expuso, una vez más, las fallas estructurales en la protección de las víctimas de violencia de género dentro de la propia Policía Nacional .
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La condena, que impone más de 43 años de cárcel al responsable, no solo sanciona un feminicidio agravado, sino que deja al descubierto la cadena de omisiones institucionales que precedieron al asesinato de la patrullera Paula Andrea Celis.
El caso, documentado en la sentencia y en el dictamen de Medicina Legal, reveló un patrón de violencia extrema que los forenses denominan “overkill”: una agresión desproporcionada, desmedida y reiterada, que en este caso se tradujo en 80 puñaladas infligidas a la víctima. La patrullera fue atacada en su propio apartamento, en el barrio Santa Isabel, a pocas cuadras de la estación del Esmad, mientras su hijo pequeño presenciaba la escena. Las cámaras de seguridad captaron el ingreso de Padilla al edificio y su posterior salida, llevando al menor en brazos, mientras el cuerpo de Paula Andrea yacía en la ducha, semidesnudo y con signos evidentes de ensañamiento.
La investigación, liderada por la fiscal Mónica Esperanza Abril, especialista en feminicidios, permitió reconstruir el ciclo de violencia que precedió al crimen. Según la sentencia, la patrullera había denunciado reiteradamente las agresiones de su pareja ante sus superiores y ante las patrullas encargadas de la seguridad en su conjunto residencial. Las advertencias y recomendaciones quedaron consignadas en documentos internos, pero no se tradujeron en acciones concretas de protección. El juez subrayó en su fallo que la omisión de las autoridades, en particular de la Policía, fue un factor determinante en la tragedia.
El expediente judicial recogió detalles que ilustran la gravedad de la amenaza que enfrentaba la víctima. En una de las denuncias, Paula Andrea Celis Guzmán relató que el acusado la intimidaba con la posibilidad de arrebatarle a su hijo. En una ocasión, Padilla llegó a tomarle una fotografía al menor con una granada en el pecho, sin importar el riesgo de que el niño pudiera activar el artefacto. El juez precisó que la medida de protección ordenada por las autoridades también incluía al menor, pero la falta de respuesta efectiva dejó a ambos en situación de vulnerabilidad.
La reconstrucción de los hechos mostró que, tras cometer el crimen, Carlos Eduardo Padilla intentó encubrir su responsabilidad. Al día siguiente, elaboró un escenario ficticio para hacer creer que la patrullera se encontraba de comisión en Cartagena, mientras el cuerpo permanecía en el baño del apartamento. Esta frialdad y capacidad de manipulación fueron consideradas por el juez como agravantes en la conducta del responsable.
Por la gravedad de lo sucedido, las autoridades de la capital del país, así como en otras regiones continúan trabajando en la lucha contra la violencia de género para disminuir los casos de feminicidios en Colombia, teniendo en cuenta que en los primeros cuatro meses de 2025 se tiene registro de 123 casos de acuerdo con datos del Observatorio de Feminicidios Colombia, que también reportó 5.307 hechos de violencia intrafamiliar en el territorio nacional.
Los departamentos con más casos registrados son Antioquia con 971, seguido de Cundinamarca con 812; mientras que en Valle del Cauca se reportaron 620 y en Boyacá 469. Frente a las cifras, la Defensoría del Pueblo advirtió que “no podemos permitir que la violencia de género siga cobrando vidas y truncando futuros”.
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