Cerca de 600 familias están confinadas por cuenta de la violencia armada en en límites de Valdivia y Tarazá

El riesgo latente de los artefactos explosivos y los fuertes enfrentamientos armados dejó sin salida a cerca de 600 familias en la franja limítrofe entre los municipios de Valdivia y Tarazá, en el norte y el Bajo Cauca del departamento de Antioquia.

Encerradas en sus hogares por el temor a minas y balaceras, las comunidades rurales de las veredas Doradas Altas, Raudal Viejo y La Coposa viven en una situación que, según las autoridades y defensores de derechos humanos, se ha vuelto insostenible, pues la única opción para muchos es el confinamiento forzado.

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Esta grave situación humanitaria, reconocida por la Defensoría del Pueblo y líderes sociales locales, llevó al alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez, a insistir públicamente en la urgencia de medidas:

“El llamado es a la fuerza pública para que garantice la seguridad de los pobladores de esas veredas y nuestro compromiso como institución, como alcaldía y el llamado a la Gobernación de Antioquia y el llamado al Gobierno nacional es que la concurrencia con los proyectos tienen que llegar a ese sector”, expresó el mandatario.

La información suministrada por la Defensoría coincide con las recientes denuncias de intimidación en otras zonas aledañas, como la vereda Las Negritas de El Bagre, donde mensajes enviados por WhatsApp ordenaron a varios líderes sociales a no salir de sus casas hasta nueva orden.

En esas comunidades, el temor crece cada día debido a la presencia persistente de explosivos y la amenaza constante de enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales.

De acuerdo con Carlos Molina, alcalde de Valdivia, las advertencias de grupos armados sobre la existencia de explosivos, así como alertas de nuevos hechos violentos, se propagaron por redes sociales, amplificando el miedo y la tensión entre quienes residen en los sectores rurales.

Las veredas mencionadas, tradicionalmente agrícolas, quedaron atrapadas en una disputa por corredores de movilidad, control territorial y rentas ilícitas que involucra a grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. La precaria situación obligó al despliegue de tropas del Ejército Nacional en las zonas aledañas, aunque la presencia de minas y otros artefactos restringe gravemente cualquier intento de evacuación o suministro.

En las últimas horas, la preocupación escaló con la desactivación de tres artefactos explosivos improvisados y un señuelo en plena troncal de Occidente, un acción que, según reportes de la Séptima División del Ejército, evitó una tragedia mayor para la población civil y el tráfico del principal corredor vial que conecta Medellín con la Costa Atlántica.

El informe militar detalló que estos artefactos habrían sido instalados por miembros de la Compañía Héroes de Tarazá del ELN, en reacción a recientes operativos de la fuerza pública, con la intención de “afectar el orden público… y atentar contra la vida de cientos de personas, especialmente campesinos, comerciantes y niños y niñas de esa subregión”.

La reacción a tiempo de la Brigada 11, su grupo de caballería y peritos en explosivos fue crucial para “destruir tres artefactos explosivos improvisados y un señuelo, instalados por el grupo armado organizado (GAO) ELN”, según el comunicado de la institución castrense.

No obstante, la violencia sobre el eje vial no se limita al peligro de explosivos. El 1 de agosto, dos hombres en motocicleta incineraron un camión de carga en Valdivia, sumando un nuevo episodio a la cadena de agresiones dirigidas a la población y la infraestructura.

Además, de acuerdo con las autoridades, alias Matías o Pantera –identificado como cabecilla del ELN– aparece como principal responsable de estos hechos, lo que motivó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a ofrecer una recompensa de hasta $500 millones para facilitar su captura.

Analistas de seguridad, como el general retirado Jorge Eliécer Camacho, sostienen que zonas como Valdivia, Cáceres y Tarazá han sido por años de alto interés para las organizaciones delincuenciales, no solo por sus estratégicos corredores de movilidad, sino también por la capacidad para el cultivo y tráfico de ilícitos.

Camacho advirtió en RCN Radio sobre las dinámicas permanentes: “Municipios como Valdivia, Cáceres y Tarazá siempre han estado protegidos por los criminales, en su interés de fortalecer los cultivos ilícitos en esta zona del país”.