Durante una sesión realizada el 30 de julio en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, se avanzó en el proceso contra el presidente Gustavo Petro, tras la declaración del excanciller Álvaro Leyva, quien confirmó el contenido de varias cartas enviadas meses atrás que hacían referencia a situaciones presuntamente irregulares durante viajes oficiales del mandatario al extranjero.
El desarrollo de esta audiencia estuvo acompañado por diversos intentos del abogado de Petro para frenar la diligencia.
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Inicialmente, presentó una solicitud de suspensión, argumentando que había interpuesto una recusación en contra del representante investigador, Carlos Alberto Cuenca.
Sin embargo, al no haberse recibido formalmente ese documento en la Comisión, la sesión continuó conforme a lo previsto.
Posteriormente, el defensor del presidente notificó verbalmente que había radicado una denuncia penal por prevaricato contra Cuenca. A pesar de esta nueva acción legal, tampoco se acreditó formalmente ante la Comisión, por lo que los procedimientos no fueron detenidos y se permitió la continuación de las intervenciones programadas.
El centro de atención de la jornada fue la intervención de Álvaro Leyva, quien respondió a las preguntas de los congresistas y reiteró punto por punto lo expuesto en las misivas que previamente había dirigido a instancias oficiales. En su declaración, afirmó: “Lo dicho en las cartas es real” y aseguró contar con elementos probatorios que respaldan las afirmaciones contenidas en esos documentos.
Leyva señaló que los hechos que motivaron sus denuncias no se restringieron a un solo país. Explicó que, además del viaje a Francia, también se presentaron situaciones similares en otras visitas oficiales realizadas a Chile, Italia, Inglaterra y España. En todas ellas, según dijo, ocurrieron eventos que, a su juicio, merecen ser investigados.
Como consecuencia de las declaraciones del excanciller, algunos miembros de la Comisión de Acusación evalúan expedir un auto que autorice la práctica de nuevas pruebas dentro del expediente que involucra al jefe de Estado.
Entre las diligencias que se contemplan está la solicitud de exámenes médicos, específicamente pruebas toxicológicas y psicológicas, con el fin de establecer si durante los últimos seis meses ha habido consumo de sustancias psicoactivas por parte del presidente Petro.
También se considera remitir una petición formal a las autoridades francesas para que entreguen un reporte sobre los hechos ocurridos en París en junio de 2023. En esa ocasión, el mandatario participó en una misión oficial, pero durante un período de aproximadamente 36 horas no tuvo actividades registradas en agenda pública, lo que originó cuestionamientos posteriores sobre su paradero y ocupaciones en ese lapso.
La ratificación de Leyva ante la Comisión, ahora bajo juramento, refuerza el contenido de los documentos que originalmente causaron controversia dentro del Gobierno y del Congreso. Estas comunicaciones describen con detalle varios comportamientos observados durante misiones diplomáticas, los cuales el exfuncionario consideró necesarios de poner en conocimiento de las autoridades competentes.
Mientras tanto, los congresistas investigadores del caso analizan la viabilidad jurídica de avanzar con nuevas diligencias probatorias. Las decisiones que se adopten en las próximas semanas serán clave para definir la dirección que tomará el proceso en esta etapa.
De acuerdo con fuentes de la Comisión, los parlamentarios también valoran incluir en su plan de trabajo solicitudes de informes dirigidas a otras embajadas o entidades internacionales, a fin de recabar información que pueda corroborar —o desmentir— los señalamientos del exministro de Relaciones Exteriores.
Las cartas enviadas por Leyva fueron conocidas inicialmente en medios de comunicación durante el primer semestre del año. En ellas se advertía sobre posibles situaciones anómalas que habrían ocurrido durante los desplazamientos del presidente en el exterior. Tras la divulgación de estos documentos, se inició una indagación formal en la Comisión de Acusación, la instancia competente para evaluar denuncias contra el jefe de Estado.
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