Expolicía de Trinidad y Tobago fue condenado a 16 años de prisión por explotar a colombianas como trabajadoras sexuales

El exoficial de policía de Trinidad y Tobago identificado por las autoridades de ese país como Valentine Eastman, fue condenado a una pena de 16 años, 5 meses y 15 días de prisión con trabajos forzados.

Lo anterior se dio luego de que se le halló culpable de explotar sexualmente a dos mujeres colombianas con fines de prostitución.

Eastman, de 63 años, había sido acusado en 2013 y fue declarado culpable por un jurado el 31 de enero de 2025.

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Según la investigación, Eastman hospedó a las víctimas en Princes Town con el propósito de explotarlas sexualmente, organizando su traslado desde Colombia bajo engaños y amenazas.

Las autoridades constataron que las mujeres fueron sometidas a explotación sexual y sufrieron daños psicológicos, aunque no recibieron agresiones físicas.

La sentencia fue emitida por el juez George Busby, que tomó en cuenta la gravedad del delito, el nivel de planificación para traer a las mujeres, el uso de intimidaciones y el hecho de que Eastman aprovechó su condición de miembro activo del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago durante la comisión de los delitos, agregó un reporte del portal Stabroek News.

“El incumplimiento de la confianza pública agravó la responsabilidad del acusado”, señaló Busby, quien estableció una pena inicial de 13 años, incrementada a 17 años debido a los factores agravantes identificados.

Al determinar la condena final, el juez descontó el tiempo que Eastman ya había pasado en prisión preventiva, resultando en una pena efectiva de 16 años, 5 meses y 15 días de prisión, que debe cumplir de manera concurrente y bajo régimen de trabajos forzados.

Durante el juicio, testificaron catorce testigos, incluidas dos de las víctimas. Eastman, defendido por Ravindra Rajah y Aixa Edwards, optó por no declarar durante el proceso. Aunque también enfrentaba cargos por violación, fue absuelto de ese cargo por el jurado.

Este caso fue procesado por los fiscales Ambay Ramkellawan y Kyrn Lewis, y sirve como un caso de referencia para dimensionar la gravedad de los delitos de trata de personas y explotación sexual en la región.

Varios casos recientes han visibilizado la situación de mujeres colombianas víctimas de redes de trata en el exterior. En otro resultado se conoció que un grupo de jóvenes, procedente en su mayoría de Medellín (Antioquia), denunció haber sido engañado por una red que les prometió trabajo como bailarinas en Albania, pero que, una vez en ese país, las obligó a ejercer la prostitución bajo amenazas y restricciones.

Según los testimonios, al llegar a Albania les retiraron los pasaportes y les comunicaron la existencia de una deuda que sólo podían saldar prestando servicios sexuales.

“Somos colombianas, vinimos aquí engañadas por personas que nos trajeron, porque veníamos con la intención de bailar. Cuando llegamos aquí, teníamos deudas y nos dijeron que debíamos pagarlas, quedándonos aquí y trabajando como prostitutas. Aceptamos hacerlo, pagar la deuda y luego irnos. Cuando íbamos a regresar, nos arrestaron en el aeropuerto”, relató una de las víctimas, identificada como Stefanía (nombre modificado por seguridad).

Las jóvenes permanecieron varias semanas detenidas, primero en Pogradec y luego en Tirana, capital albanesa, sin sus documentos ni la posibilidad de regresar a Colombia.

También relataron que atravesaron condiciones de precariedad y falta de atención.

“No nos dejan salir. No tenemos pasaportes porque nos los quitaron. Estamos sin hogar, sin alimentos y hasta ahora una fundación nos ha ayudado”, describió Stefanía a medios locales, tras la divulgación del caso el 25 de julio de 2025.

Frente a esta situación, solicitaron apoyo urgente al Gobierno colombiano para ser repatriadas, mientras las autoridades albanesas han identificado a parte de los responsables de la red y continúan los procesos judiciales. La preocupación aumenta porque temen ser juzgadas en ausencia.

El caso se da en un contexto de incremento de denuncias por explotación sexual de mujeres latinoamericanas en Europa.

En esa misma semana se conoció la liberación de 162 mujeres, muchas de ellas colombianas y venezolanas, en España, luego de que la Guardia Civil y la Policía Nacional desmantelaran una organización que las obligaba a prostituirse mediante amenazas y condiciones inhumanas.

Estos reportes muestra cómo las redes de trata de personas que operan entre Sudamérica y Europa hacen de las suyas a costa de las aspiraciones de un mejor futuro de las mujeres.

Pero también deja a la vista la premura en buscar acciones diplomáticas, judiciales y sociales para apoyar a las víctimas y combatir el delito de explotación sexual transnacional.