Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos explicó por qué Donald Trump debería restablecer las relaciones con Colombia: “Es necesario un reinicio”

La relación entre Estados Unidos y Colombia enfrenta una nueva etapa de incertidumbre bajo la administración del presidente Donald Trump, que evalúa un “reinicio” en los vínculos bilaterales a raíz de cambios en la política del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Lo anterior se afirmó en el artículo del Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores, y una una organización estadounidense sin ánimo de lucro especializada en política exterior) advirtió que el aumento del área cultivada con coca, la expansión de la minería ilegal y el giro del gobierno colombiano hacia China han puesto en cuestión los logros alcanzados durante las décadas anteriores con apoyo estadounidense.

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Lo anterior se precisa en el artículo titulado Why Trump Should Reset Relations With Colombia, Not Abandon Them (Por qué Trump debería restablecer las relaciones con Colombia, en lugar de abandonarlas), y publicado el martes 30 de julio de 2025.

En el texto se señaló que la administración Trump considera la opción de retirar la certificación de Colombia como socio prioritario en la lucha contra el narcotráfico, una medida que implicaría cortar cientos de millones de dólares en asistencia, incluida la cooperación militar y policial.

Adicional a lo anterior, se menciona que esta acción debilitaría al Estado colombiano, fortalecería a los grupos criminales y podría incentivar nuevos flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Los riesgos incluyen una mayor debilidad de las fuerzas armadas, reducción de la influencia estadounidense en Sudamérica y una posible búsqueda de nuevos socios militares por parte de Colombia, como China, que ya ha ofrecido equipos al país andino.

Los autores (Will Freeman y Steven Holmes) sostienen que, si la administración de Trump decide avanzar hacia la “descertificación”, debería acompañar la medida con exenciones nacionales (“waivers”) que permitan mantener el flujo de recursos y cooperación para sectores estratégicos como la inteligencia, entrenamiento y apoyo logístico a las fuerzas armadas y de policía.

Sin estas exenciones, señalan, la capacidad estatal para enfrentar el narcotráfico y los grupos armados se vería gravemente limitada, y con ello se pondría en riesgo la seguridad regional y la de Estados Unidos.

El análisis destaca que la política de una desvinculación total con Colombia podría traer consecuencias económicas negativas, incluido el deterioro del clima de inversión y el aumento de la migración irregular, y considera que asumir que un futuro gobierno colombiano será necesariamente afín a Washington es un error, dada la fragmentación del espectro político nacional.

De acuerdo con el artículo, la historia demuestra que una suspensión total de la ayuda facilita el avance de organizaciones criminales.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de la descertificación de Colombia en 1996, durante la presidencia de Bill Clinton, resultó en un fortalecimiento de la guerrilla y aumento de los cultivos ilícitos, lo que luego obligó a Estados Unidos a incrementar su asistencia para restaurar el orden.

El artículo concluye que la actual coyuntura exige una respuesta matizada: un “reinicio” realista debe preservar una cooperación fundamental, adaptándose al contexto político, sin sacrificar la influencia de Estados Unidos ni agravar los problemas de seguridad en Colombia.

El presidente colombiano Gustavo Petro expresó su rechazo a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, por supuestamente autorizar detenciones arbitrarias y restringir la libertad de expresión.

Estas medidas fueron adoptadas luego de que el magistrado impusiera medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Al pronunciarse sobre el tema, Petro afirmó que las sanciones “rompen la Convención Americana sobre los Derechos Humanos” y pidió una respuesta jurídica desde América Latina.

“Invito a los mejores juristas de América Latina a redactar la demanda respectiva. EE. UU., Colombia y la mayoría de las naciones de las Américas nos comprometimos a firmar la Convención Americana de los Derechos Humanos”, escribió en su cuenta de X el mandatario de Colombia.

Además, Petro cuestionó al Gobierno de Trump sobre su disposición a incumplir de manera unilateral lo pactado en la convención: “¿Quiere el gobierno de los EE. UU., romperla unilateralmente?”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos justificó las sanciones señalando que de Moraes “es responsable de una campaña represiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y procesos judiciales politizados, incluso contra el expresidente Jair Bolsonaro”.

A su vez, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la acción deja claro que Estados Unidos seguirá exigiendo responsabilidades a quienes amenacen los intereses estadounidenses y las libertades de sus ciudadanos.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la decisión señalando que la aplicación de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos envía un mensaje claro frente a las violaciones cometidas por funcionarios extranjeros: “Que esto sirva de advertencia a quienes pisoteen los derechos fundamentales de sus compatriotas: la toga judicial no los protege”.

Las sanciones incluyen el bloqueo de todos los bienes e intereses del juez brasileño en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses y personas en territorio estadounidense realizar transacciones con sus bienes.

Estas prohibiciones se extienden a cualquier entidad de la que el sancionado tenga al menos el 50% de propiedad, directa o indirectamente. El Departamento del Tesoro agregó que, de no cumplir con las sanciones, todo podría derivar en sanciones civiles o penales para ciudadanos estadounidenses y extranjeros.

Como parte de las medidas, las autoridades migratorias estadounidenses ya habían revocado la visa del juez y la de algunos miembros de su familia, argumentando que fue responsable de ordenar la censura y detención de ciudadanos estadounidenses residentes en Brasil.

De igual forma, se reportaron órdenes directas a plataformas de redes sociales para bloquear o eliminar cuentas consideradas críticas al Gobierno brasileño.