La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pone nuevamente a discusión las prácticas de los megaempresarios en Colombia, que atentan contra los derechos de los consumidores a la hora de adquirir sus productos.
El hallazgo de que el arroz empacado en Villavicencio por Comercializadora del Llano S.A. presentaba déficit de peso real respecto al anunciado pone de relieve la importancia de los controles efectuados por la Superintendencia de Industria y Comercio, ocasionó una multimillonaria sanción a la compañía.
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Según recientes inspecciones de la entidad, el lote señalado del producto “Arroz del Llano presentación bolsa por 500 g, lote 4759”, resultó tener, tras exhaustiva revisión, una carencia media de 1,89 gramos por unidad en comparación con lo indicado en el empaque, generando así una vulneración directa al consumidor.
“El análisis técnico arrojó un déficit corregido de 1,89 gramos por unidad, por debajo del valor anunciado en el empaque, lo que representa una afectación directa a los consumidores, quienes pagaron por una cantidad que no recibieron”, afirmó la entidad.
De acuerdo con la información divulgada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el comunicado difundido el 31 de julio de 2025, el control realizado en noviembre de 2022 dentro de la planta de empaque en Villavicencio, departamento del Meta, develó que el arroz inspeccionado infringía el reglamento técnico establecido para productos preempacados.
La irregularidad, detectada en un lote de 9.000 unidades correspondiente a una jornada de producción de una hora, se traduce en la equivalencia de más de 34 bolsas de 500 gramos que no llegaron a manos de los compradores.
La SIC subrayó la gravedad del caso, argumentando que “el arroz es un producto de primera necesidad y de venta masiva, que no solo hace parte de la canasta básica familiar, sino que es protagonista en la dieta de los colombianos”. Por este motivo, la entidad impuso una sanción en primera instancia, a través de la Resolución 42953 del 11 de julio de 2025, que asciende a $335.008.000 para la compañía responsable.
La resolución expone que las verificaciones, realizadas de forma aleatoria y bajo metodología regulada, revelaron que el lote inspeccionado no superó los requisitos de control metrológico exigidos por la Resolución 32209 de 2020.
La importancia de la metrología legal, enfatizó la autoridad supervisora, reside en que “permite que los consumidores puedan confiar en que cada gramo, mililitro o unidad anunciada en un empaque corresponda con lo que efectivamente reciben”. El Estado actúa cuando esta correspondencia no se cumple, protegiendo así los intereses de millones de consumidores.
Finalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio recordó a todos los agentes del sector la obligatoriedad de ajustarse a la regulación vigente, definida como un “deber legal y ético con los consumidores colombianos”. Los implicados en el proceso tienen la posibilidad de interponer recursos de reposición y apelación bajo los marcos de la legislación nacional.
Hasta el momento la Comercializadora no ha emitido respuesta con respecto a este medida en su contra.
Como este, en las últimas semanas han sido varios los casos en los que la Superintendencia de Industria y Comercio interviene diferentes compañías por quejas de usuarios y/o consumidores con respecto a los servicios y productos que estas venden a los ciudadanos.
Las sanciones de la SIC ponen en estado de alerta a las grandes empresas del país, y a las posibles irregularidades que puedan presentarse en la ejecución de su producción y distribución de sus productos que llegan directamente al público en todas las regiones de Colombia, además de la información que se consigna en las mismas.
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