Finalmente quedaron constituidas las mesas directivas de la mayoría de las catorce comisiones del Congreso de la República para la cuarta y última legislatura.
Pese a los acuerdos entre bancadas para quedarse con las presidencias de las células, los resultados finales dejaron empates inusuales y decisiones tomadas al azar, como sucedió en la Comisión Primera de la Cámara, donde un lanzamiento de moneda entre Gabriel Becerra y Carlos Ardila determinó el liderazgo.
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De hecho, fueron varias las estrategias del Gobierno Petro y del sector de oposición para quedarse al mando de las directivas, especialmente, cuando resta menos de un año para que el presidente Gustavo Petro logre concretar la serie de reformas que le han sido bloqueadas en los tres años anteriores.
Sin embargo, en medio de la puja por implementar sus estrategias parlamentarias, el Gobierno logró afianzar su influencia en la Cámara de Representantes al asegurar las presidencias de la mayoría de las comisiones, pese al desgaste propio del último año legislativo.

El escenario en el Senado fue distinto, donde algunas de estas posiciones quedaron en manos de figuras opositoras, lo que representa un desafío para el Ejecutivo en el trámite de leyes clave como la del presupuesto y las reformas sociales.
La relevancia de estas comisiones radica en su papel como antesala obligatoria para los proyectos legislativos, pues son las presidencias de las comisiones las que deciden dar prioridad, o no, a los proyectos de ley en trámite, una facultad que resulta decisiva para avanzar o frenar las iniciativas tanto del Gobierno como de otros congresistas.
Una clara muestra de esta tensión entre oficialismo y oposición es la situación en la Comisión Primera del Senado, donde la presidencia quedó en manos de Julio Elías Chagüi, del Partido de la U.
Aunque su colectividad se mantiene en independencia, Chagüi ha apoyado proyectos como la reforma pensional y la consulta popular, lo que le ha valido el reconocimiento del Ejecutivo, e incluso felicitaciones del ministro del Interior.

Sin embargo, enfrenta una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia por presunta intervención en un contrato en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En la Comisión Primera de la Cámara, después del empate resuelto por una moneda, la presidencia fue para Gabriel Becerra del Pacto Histórico, quien ha sido un defensor activo del Gobierno y llegó representando a la Unión Patriótica. Ambas posiciones permitirán que la ley de sometimiento impulsada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, cuente con canales favorables para su trámite, aunque ya recibe críticas.
En la Comisión Segunda del Senado, cuyos temas principales incluyen políticas internacionales e inteligencia, se esperaba que la presidencia recayera en Jael Quiroga del Pacto Histórico, según acuerdos previos. No obstante, la oposición buscó romper esos pactos tras la polémica por la presidencia de la Cámara y propuso al conservador Óscar Mauricio Giraldo Hernández. Al mismo tiempo, la Comisión Segunda de la Cámara quedó bajo el liderazgo de Álvaro Mauricio Londoño del Partido de la U, otro aliado del Ejecutivo.

Las comisiones económicas —la Tercera y la Cuarta de Cámara y Senado— resultan determinantes, dado que allí se debatirá el presupuesto de 557 billones de pesos para 2026 y la próxima reforma tributaria. La presidencia de la Comisión Tercera del Senado recayó en Jairo Alberto Castellanos de la ASI, quien, aunque ha apoyado proyectos del Gobierno, ha marcado distancia respecto a la nueva tributaria.
En la Comisión Cuarta del Senado la elección de Enrique Cabrales del Centro Democrático, un opositor, se interpreta como un revés para el Ejecutivo, ya que desde allí se anticipa una fuerte oposición a la polémica reforma tributaria del Gobierno, además del Presupuesto General de la Nación.
En contraste, en Cámara, ambos liderazgos recaen en políticos afines al Gobierno: Wilmer Castellanos (Alianza Verde) en la Tercera y Gloria Liliana Rodríguez (Alianza Verde) en la Cuarta.
Por su parte, la Comisión Quinta —dedicada a asuntos agropecuarios y medioambientales— tomó especial relevancia debido al debate sobre el fracking. En el Senado, la conducción fue para Edgar Díaz de Cambio Radical, quien se opone a las agendas del Gobierno y es identificado con sectores regionales cuestionados. La Comisión Quinta de la Cámara quedó bajo el mando de Erick Velasco, del Pacto Histórico, en una decisión que incumplió acuerdos previos.

El escenario en la Comisión Sexta, centrada en educación y servicios públicos, también sufrió cambios: aunque el acuerdo de 2022 señalaba a Sandra Ramírez (Comunes) como próxima presidenta en el Senado, comenzaron a tejerse nuevas alianzas para favorecer a Álex Flórez (Pacto Histórico).
En la Cámara, Haiver Rincón, representante de las curules de paz y considerado cercano al Gobierno, preside, aunque recientemente surgió tensión tras condicionar el apoyo de esa bancada a las reformas sociales.
El mayor tropiezo del Gobierno se produjo en la Comisión Séptima del Senado, donde la oposición impuso como presidente a Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), contrariando los acuerdos originales y frustrando el interés oficial de que Ferney Silva (Pacto Histórico) asumiera el cargo. En la Cámara, la presidencia quedó para Camilo Ávila (Partido de la U), otro parlamentario alineado con el Ejecutivo.
Así, el balance muestra que el Gobierno ha logrado mantener el control en la Cámara, mientras que en el Senado deberá sortear la resistencia de presidencias opositoras en comisiones cruciales para el avance de sus proyectos centrales para la legislatura.
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